miércoles, 17 de enero de 2018

Entre pájaros anda el juego

Los cuervos siempre han anidado cerca de los Servicios Sociales, son un mal endémico en un país tan piadoso como el nuestro. Pero últimamente también nos sobrevuelan los buitres, ¡menos mal que no damos beneficios! Cosas de la privatización.

Para entender lo que queremos decir, pondremos como ejemplo la atención a personas sin hogar en la capital del reino. La gestión de los diferentes recursos de la red municipal de atención a personas sin hogar (los distintos centros de acogida y Samur Social) está casi en su totalidad en manos de dos entidades: la ong ACCEM (Asociación Comisión Católica de las Migraciones) y la empresa Grupo 5 (recientemente comprada por Corpfin Capital, una gestora de fondos de capital riesgo). En el resto de la red, se dejan ver las faldas de las Hijas de la Caridad. Hablando en plata, la atención a personas sin hogar del Ayuntamiento de Madrid está en manos de la Iglesia y de un fondo buitre.

Y sobre todos los pájaros, emerge todopoderoso nuestro particular Gorrión Supremo. Tan desvivido por los más desfavorecidos que incluso ha ideado la máquina expendedora de solidaridad.


Está hecho un crack el tío, eso nadie puede negarlo. Aunque parece ser que al figura le gusta más predicar que dar trigo

Negras tormentas agitan los aires, así que a ver si nos va llamando de una vez el deber porque o espabilamos ya o la cosa se va a poner cada vez más fea

domingo, 7 de enero de 2018

Concentración de apoyo a Consuelo García del Cid

El próximo 16 de enero Consuelo García del Cid está citada a declarar como investigada (imputada) por un delito de injurias y calumnias. Ha sido denunciada por la Fiscalía Provincial de Madrid por sus declaraciones en el Senado.


Consuelo, víctima del Patronato de la Mujer franquista, ha investigado y denunciado los preventorios y reformatorios franquistas, enlazando con las injusticias que siguen produciéndose desde el sistema de protección de menores de la llamada Democracia.

Como vemos, las garras del nacionalcatolicismo siguen atenazando las vidas de miles de mujeres y menores, gracias a una modélica Transición que no fue tal.

Se ha convocado una concentración para el 16 de enero, a partir de las 9 de la mañana, en la Ciutat de la Justicia de Barcelona.

Intentan silenciarnos y castigar a quien ose defender sus derechos. Como han hecho con Ascención López, que ha pasado de niña robada durante el franquismo a ir a la cárcel por denunciar a los culpables. Pero ya no tenemos miedo, aquí no se calla ni dios.

lunes, 25 de diciembre de 2017

Una juez obliga a la Junta a devolver a un menor con sus padres

La juez de Primera Instancia número 26 de Sevilla ha dictado una sentencia en la que obliga a la Junta de Andalucía a “reintegrar” de forma “inmediata” con sus padres a un menor de nueve años de edad al que declaró en situación de desamparo el 24 de noviembre de 2016, hace ya más de un año.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada estima de este modo la demanda formulada por los padres del pequeño y anula la resolución de 24 de noviembre de 2016 por la que la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales acordó declarar la situación de desamparo del menor. 

La juez considera que “lo más beneficioso” para el menor es que retorne “de forma inmediata y urgente” al núcleo familiar, si bien acuerda que sea supervisado por el Equipo de Tratamiento Familiar, que emitirá informes periódicos sobre el desarrollo de las relaciones familiares y las “posibles incidencias” que, en su caso, pudieran acaecer, “fundamentalmente el seguimiento por los progenitores de las pautas y terapias que sean beneficiosas para su hijo”.

En este sentido, ve “adecuada” esta intervención atendiendo al tiempo que ha transcurrido desde que adoptaron las medidas de protección, “sin que el menor haya tenido una relación normalizada con sus progenitores ni éstos con su hijo”, considerando “pertinente” que se supervise la evolución del pequeño, de forma que “se controle que no sufra un perjuicio en su salud física, emocional y psicológica”.

La juez estima así la demanda presentada por los padres del menor, que han estado representados por el despacho del juez y abogado Francisco Serrano.

En primer lugar, señala que, “en el momento de dictarse” la resolución de desamparo, “existían indicadores de riesgo que aconsejaron la adopción de la medida de protección”, y recuerda que el procedimiento se inició a instancias de la Fiscalía de Protección de Menores “atendiendo a la comunicación efectuada” por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) por considerar “la falta de cuidados del menor por parte de los progenitores”, quienes “mostraban oposición al tratamiento” indicado para el síndrome que padece su hijo.

En la sentencia consultada por Europa Press, la juez señala que, “como consecuencia de dicha negativa y oposición, existiendo riesgo para la salud del mismo, a instancia de dicho servicio se interesa que se adopten medidas de protección adecuadas”, ya que consideran que el menor “está sufriendo una situación de severa negligencia física por la privación de los cuidados médicos necesarios”.

EL INGRESO EN UN CENTRO “NO HA BENEFICIADO AL NIÑO” 

La magistrada añade que, por ello, la Junta dictó una resolución acordando el desamparo del menor y su ingreso en el centro San Juan de Dios, estableciéndose visitas a favor de los progenitores y familia extensa consistentes en dos horas semanales, y asegura que “no constan que las visitas se hayan realizado con incidencias”.

A su juicio, “es cierto que en el momento de dictarse la resolución el menor presentaba ciertos indicadores de riesgo y que los progenitores no mostraban una actitud idónea para el cuidado y atención del menor”, pero incide en que, actualmente, “la medida más adecuada es que retorne con su familia y se reintegre de forma inmediata al núcleo familiar”, pues “queda probado que su ingreso en dicho centro bajo la tutela administrativa no ha beneficiado al niño”. 

En este sentido, la juez señala que el centro donde está interno el menor “no es precisamente el más idóneo”, pues “carece de toda lógica que se declare el desamparo del menor precisamente por falta de cuidados y atenciones de los progenitores, y el centro donde está actualmente no presenta condiciones óptimas para poder atender satisfactoriamente al niño”, ya que según manifiestan las partes “los internos son mayores que él y con distintas patologías”.

Asimismo, manifiesta que los padres del menor, “no es que hagan caso omiso e ignoren las enfermedad de su hijo, pues son conscientes que sufre un padecimiento”, sino que “lo que ocurre es que no están conformes con el diagnostico ofrecido, habiendo solicitado una segunda opinión, que por otro lado es lógico y comprensible atendiendo a las circunstancias del caso”.

“DISCREPANCIA” EN EL DIAGNOSTICO DE LA ENFERMEDAD DEL NIÑO 

Igualmente, “no consta acreditado que los progenitores no puedan ofrecer los cuidados y atenciones necesarios para su hijo”, agrega la juez, que subraya que en el centro “le suministran unos cuidados y atenciones que pueden perfectamente ser facilitadas por los progenitores, pues no consta acreditado lo contrario”.

Para finalizar, se refiere al informe emitido por el Equipo Psicosocial, que por un lado valora que “la cuestión que late en el fondo es una discrepancia en el diagnóstico de la enfermedad del niño” y, por otro lado, resalta que, antes de ingresar en el centro, el menor “acudía a clases con regularidad, iba bien vestido y aseado, asistiendo ambos progenitores a las tutorías, siendo buena la relación con sus compañeros”.

En su opinión, en el centro donde fue ingresado el menor “ninguna reinserción social se puede hacer con el niño, separándolede sus compañeros de clase y amigos, de su centro escolar y sus profesores, causándole, como se ha acreditado, un desajuste emocional claro”.

En esta línea, recuerda que este informe concluye que los padres del pequeño “cuentan con recursos, habilidades, capacidades y competencias para poder hacerse cargo de su hijo, así como poder mantener con el niño un régimen de visitas”, y recomienda “que se reanuden cuanto antes dichos contactos por ser beneficioso para el mismo”, ya que, de lo contrario, “la privación podría provocar graves perjuicios en el desarrollo y vida del menor”.

Asimismo, y según este informe, “no existen razones que justifiquen que sólo puedan ver al niño dos horas semanales, vivir separados y no poder estar juntos”, concluyendo que los padres “están perfectamente cualificados y capacitados para satisfacer las necesidades básicas del menor” e indicando que, “de seguir en la situación actual, separado el menor de sus padres, podría producir desajustes psicológicos en el niño y problemas de adaptación psicosocial, que podrían provocar un daño significativo, físico, emocional y social”.

Por todo ello, la juez anula la declaración de desamparo del menor dictada por la Junta y ordena que el pequeño sea reintegrado con sus padres “de forma inmediata”.

martes, 19 de diciembre de 2017

La batalla de Madrid

Los hechos pueden disfrazarse de mil maneras, pero son tozudos. Manuela Carmena ha cesado a Carlos Sánchez Mato de la concejalía de Hacienda por negarse a aceptar y defender los recortes impuestos por Montoro. 

El impulso del movimiento municipalista alternativo, aupado por años de movilizaciones masivas y el 15M, llevó el cambio político a los ayuntamientos. Por lo que en las elecciones municipales de 2015 se abrío una esperanza transformadora y la izquierda alternativa pasó a gobernar los principales municipios: Madrid, Barcelona, Zaragoza, Cádiz...

En Madrid, Manuela Carmena encabeza un gobierno que anunciaba cambios estructurales en la manera de gestionar la capital.  Ahora Madrid consiguió aglutinar diferentes sensibilidades y aparcar intereses partidistas para, en base a un programa común, tomar el poder. Sin embargo, desde el principio Carmena dejó claro que no iba a aplicar el programa, ya que no era más que "una lista de sugerencias". Se renunció inmediatamente a la remunicipalización de los servicios públicos, dejando Madrid en manos de las empresas de siempre. Y de auditar la deuda, nada de nada.

Y ahora ha decidido finiquitar el trabajo militante de toda la gente que conformó y apoyó a Ahora Madrid, votando (con el PP) unos recortes salvajes. Situación que recuerda la traición de Tsipras y que dilapida el mayor logro del ayuntamiento del cambio: mantener un holgado superávit mientras reduce la deuda y aumenta significativamente la inversión social (logro en el que es de suponer que algo habrá tenido que ver precisamente la concejalía de Hacienda).

Pero el cese de Sánchez Mato también indica qué entiende por democracia nuestra jueza alcaldesa. Dices que ningún partido puede tomar las decisiones del Ayuntamiento. Pero no es cierto Manuela, has decidido que el PP decida tus presupuestos. Encabezar una confluencia para gobernar presidencialmente es una tomadura de pelo. La democracia no eres tú, Manuela. Por desgracia, cada vez cobra más fuerza la posibilidad de volver a perder Madrid.

domingo, 17 de diciembre de 2017

Nuevos casos de menores tuteladas víctimas de explotación sexual

Agentes de la Policía Nacional detuvieron anteayer a dos jóvenes de 18 y 22 años por explotar sexualmente e inducir al consumo de drogas a varias menores que se encontraban fugadas de su correspondiente centro de protección.

Según detalla la Jefatura Superior de Policía de Baleares en un comunicado, la operación llevada a cabo por la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) se inició después de la alerta que recibieron por parte de los responsables de varios centros de protección ante sus sospechas de que algunas menores fugadas pudieran estar en una casa ocupada de Son Oliva, en compañía de adultos.

Una vez recopilados todos los datos que tenían los centros y realizar la correspondiente investigación, la UFAM pudo localizar un inmueble en el barrio palmesano de Son Oliva. En él, los agentes confirmaron las sospechas de los educadores y constataron que dos jóvenes mayores de edad y conocedores de la situación de las niñas les ofrecían drogas y dinero a cambio de que se quedaran con ellos y mantuvieran relaciones sexuales.

Al parecer y según indican fuentes policiales, dos chicas ya habrían interpuesto la correspondiente denuncia, si bien la UFAM sigue investigando ante la sospecha de que pudiera haber más menores implicadas en el caso. 

Cabe recordar que desde hace poco más de un año y ante la proliferación de casos de explotación sexual de menores, Govern e IMAS empezaron a trabajar de manera intensa para intentar atajar un problema muy complejo, que requiere de la implicación de muchos agentes y no sólo del personal de ambas administraciones.
Con ese objetivo se creó una Mesa de Coordinación en la que participan todas las partes que deben implicarse para erradicar esta lacra. Fruto del protocolo establecido mediante el cual desde el Departamento de Menores y Familia del IMAS se comunica cualquier sospecha tanto a la UFAM, como a la Guardia Civil y a la Fiscalía, en estos últimos meses la Policía ha conseguido efectuar varias detenciones de personas -tanto adultas como menores- por explotación sexual infantil (ESI).

Asimismo, se ha recurrido a la Fundación de Solidaridad Amaranta para formar y preparar a todos los profesionales que trabajan habitualmente con menores para que puedan detectar y atender a posibles víctimas de ESI.

Aunque la explotación sexual de menores no entiende de estratos sociales, lo cierto es que afecta de manera especial a jóvenes que viven bajo la tutela o custodia de las instituciones responsables de su protección. Y uno de los momentos en los que estos chavales están más expuestos a caer en esta lacra es cuando se fugan de los centros. 

Conscientes de ello, ante una salida no autorizada -una fuga-- los profesionales de todos los centros de menores proceden a la interposición de la correspondiente denuncia ante los cuerpos de seguridad del Estado -Policía o Guardia Civil-, en función del lugar en el que esté ubicado el hogar. 

Y es que, durante las fugas, los chavales están expuestos a situaciones de especial vulnerabilidad, puesto que necesitan un techo bajo el que dormir, dinero, comida y otros bienes materiales, entre los que a veces también están las drogas. Un hecho que aprovechan las redes de explotación sexual para introducirles en esa espiral de relaciones sexuales a cambio de cubrir dichas necesidades.

Desde principios del año 2016, la Dirección General de Menores y Familias ha recibido la notificación de sospecha de que 88 menores, mayoritariamente de 16 y 17 años, podrían estar implicados de una forma u otra -como víctimas, captadores y/o agresores- en redes de explotación sexual infantil (ESI) en Baleares.

Una cifra que pone de manifiesto la magnitud de esta lacra, cuya actividad se ha hecho más visible en los últimos años, tal y como apuntan los profesionales que trabajan habitualmente con menores.