sábado, 31 de diciembre de 2011

El gobierno del PP comienza su ataque a nuestras condiciones de vida

Todo lo que llevaba años diciendo Mariano Rajoy voló por los aires en un instante. "Es el inicio del inicio". Fue lo que proclamó, de forma fátidica, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, nada más comparecer en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Apareció escoltada por el ministro de Economía, Luis de Guindos; el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro; y la responsable de Empleo, Fátima Báñez. Como los cuatro jinetes del Apocalipsis, venían cargados de malas noticias. El presidente del Gobierno prefirió mandarlos a ellos a "dar la cara" y "decir la verdad" a los españoles en vez de hacerlo él en persona.
El Ejecutivo anunció que el déficit para el cierre de 2011 iba a ser finalmente de un 8%, dos puntos más de lo previsto, y que para cumplirlo se veía "obligado" a recortar derechos y subir impuestos. "Nos encontramos con una cifra más elevada que la comunicada por el Gobierno anterior y tenemos que adoptar medidas excepcionales para tapar el agujero", indicó Sáenz Santamaría quejándose de que en el traspaso de poderes no se les informara de ello.
El presidente del Gobierno aseguró en su discurso de investidura que no se iba a escudar en la herencia socialista. Pero el propósito estaba olvidado. Había que explicar un tijeretazo de dimensiones históricas. Y eso que aún queda el grueso más importante, que llegará con el proyecto de Presupuestos el 31 de marzo.
En el Congreso, Rajoy comentó que el recorte mínimo para el próximo ejercicio iba a ser de 16.500 millones. La cifra saltó de golpe a los 36.500. Para paliarla se comenzará con un ajuste de 8.900 millones de euros en gasto público y una subida de tributos con la que se pretende recaudar al menos 6.200.
De ese modo, el líder conservador renuncia a uno de sus principales compromisos de los últimos años. Él siempre había defendido la bajada de impuestos. En campaña electoral, y viendo que no iba a poder cumplirlo por la crisis, empezó a matizar su discurso y reconocer que no iba a ser posible. Pero hace tan sólo 11 días afirmó frente al presidente del Grupo Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, que no tenía intención de elevarlos.
El presidente cerró con su equipo todos los ajustes el jueves por la tarde
Papel mojado. Este viernes, Montoro explicó que se había eliminado la bonificación del gasóleo profesional, que se había establecido un "recargo temporal de solidaridad" en el Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF) y se había aumentado el de Bienes Inmuebles (IBI). "Será sólo para 2012 y 2013", era el argumento al que se aferraba el ministro para hacer que doliera menos.
Señaló que el IBI sólo iba a afectar al 50% de las viviendas, a aquellas que se sitúen "por encima del valor medio". Y la cuota del IRPF iba a subir de forma progresiva en una escala que va del 0,75% al 7. Nada que ver con lo que se decía en el programa.
Este viernes, el equipo de Rajoy actuaba de una forma y mantenía lo contrario. Todos ellos insistían en que en el PP seguían pensando exactamente lo mismo y que no eran partidarios del incremento. Sáenz de Santamaría trataba de venderlo diciendo que se había querido hacer según principios de "justicia y equidad" y por eso se pedía un "esfuerzo" a los ciudadanos "que más ganan o más tienen".
La justificación era la de cumplir el déficit. Pero lo cierto es que los ingresos del Estado sólo se han desviado en cuatro décimas. Lo fundamental corresponde a las comunidades autónomas, que lo han disparado, y no hay que olvidar que desde el pasado 22 de mayo el PP tiene barones repartidos por 11 de las 17.
Montoro destacó que se había optado por lo que consideraban "lo menos dañino" para el crecimiento económico y el consumo. Se le llenaba la boca con la palabra "equidad". Y precisamente recordó que casi la mitad de la recaudación del IRPF va para las comunidades y que la del IBI irá para las corporaciones locales, lo que contribuirá a la financiación de las administraciones territoriales.
Santamaría sostuvo que habían tratado de no perjudicar "a los más débiles". Se carga a las rentas de trabajo y a las de capital. Pero las clases medias salen perdiendo. Además se ha extendido a 2012 el IVA superreducido del 4% por la compra de vivienda nueva y se ha recuperado la deducción para la que sea en propiedad con efecto retroactivo desde 2010. Reducir el stock de viviendas invendidas puede fomentar otra burbuja inmobiliaria.
Las promesas de Rajoy se fueron a pique. La única que salvó fue la actualización de las pensiones en un 1%, el porcentaje previsto del IPC. La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Bánez, precisó que el coste iba a ser de 1.382 millones de euros y que afectaba a cerca de 9 millones y medio de personas.
Se resaltó mucho. Al igual que la idea de que se prorrogará seis meses más la ayuda mensual de 400 euros a los parados que hayan agotado su prestación. De esta manera, cerca de 125.000 personas se beneficiarán de ella hasta el 15 de agosto de 2012.
El PP prometió en la oposición recuperar el poder adquisitivo de los funcionarios 
El Gobierno intentó centrar el mensaje en esa medida para que no se destacaran otros asuntos como, por ejemplo, la paralización del calendario de aplicación de la Ley de Dependencia, dejando fuera a los moderados. O la ampliación a un mes de los permisos por paternidad, posponiendo así por segundo año consecutivo la implantación de este tipo de licencias, contemplada en la Ley de Igualdad.

Congelación

Tampoco convenía hablar de la situación de los funcionarios. En la oposición el PP decía que pensaba devolverles el poder adquisitivo. Hoy se aprobó la congelación de los sueldos públicos para todo el año. También su plantilla, al congelar la reposición de plazas excepto una de cada diez en el sector educativo, sanitario, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la lucha contra el fraude fiscal. Además, se les amplió la jornada laboral a 37 horas y media semanales.
También queda bloqueada la incorporación de nuevos beneficiarios a la renta básica de emancipación que reciben los menores de 30 años. El salario mínimo interprofesional se congela por primera vez en 45 años.
Los ministerios que más ajustes tendrán que realizar son Exteriores, Fomento, Industria y Economía, con recortes superiores a los 1.000 millones. Se procede a la supresión de 30 direcciones generales y se reduce en un 20% la subvención a partidos políticos, organizaciones empresariales y sindicatos.
"Ha sido una reunión jodida. Todos tenían cara de funeral", reconocía un ministro al final de la rueda. Contaba que Rajoy lo había asumido bien porque ya estaba preparado. El jueves por la tarde se reunió con buena parte de su equipo para ultimar los recortes.
Algunas preguntas quedaron sin respuesta. ¿En el segundo paquete de medidas se tocarán Educación, Sanidad o Servicios Sociales? ¿Se subirá el IVA?. Se sabrá después de las andaluzas.