viernes, 27 de enero de 2012

Manifestación contra la represión en Guadalajara

Desde la Asamblea Popular 15M de Guadalajara queremos mostrar nuestro apoyo a lxs docentes que ha sido acusados por lo sucedido durante las protestas que tuvieron lugar en el Teatro Buero Vallejo, el dia 7 de septiembre de 2011. (Podeís ver un video de lo sucedido aquí: http://youtu.be/iD8zGIlNU9Q)

Al igual que sucede en otras ciudades de España, el Estado utiliza sus herramientas represivas para intentar frenar las protestas nacidas desde diferentes colectivos. En el caso de los docentes en Guadalajara se les acusa de falta grave y resistencia a la autoridad, con penas que pueden ir desde los 6 meses a 3 años de cárcel. Con esto se pretende acusar a profesores por realizar una protesta en un acto público contra unos recortes en educación que llegan al punto de hacer peligrar sus puestos de trabajo.

La acusación es claramente una coacción, los tipos penales se han convertido en los de mayor utilización a la hora de intentar incriminar toda forma de desobediencia, justa o injusta. Junto con otras calificaciones jurídicas como los desórdenes públicos, son una especie de "kit conjunto" para interponer el sistema penal a la realización abierta de determinadas conductas, que al Estado lógicamente, no le convienen. El apoyo a compañerxs que luchan junto a nosotrxs por causas comunes y que son detenidxs, acusadxs, multadxs o envueltos en procesos judiciales, es fundamental. Las autoridades utilizan todas sus armas para romper los movimientos sociales ciudadanos que hacen peligrar su sistema impuesto. Tenemos que actuar ya. Demostrar lo injustas y exageradas que son las represalias que prentenden tomar contra ellxs por participar en una manifestación, contundente y firme sí, pero sin más indicentes que los que ellos quien ver y que terminó con un acto (el de entrar en el teatro), que unicamente pretendía demostrar la intranquilidad y el enfado de un colectivo que veía peligrar la calidad de la educuación de todxs.

Por todo esto la Asamblea Popular 15M de Guadalajara se adhiere al comunicado que ha hecho público la Asamblea de Docentes de Guadalajara. Además participaremos en los actos que se preparan para apoyar a lxs acusados y pedir que se retiren todos los cargos contra ellxs.

“Una sociedad que se olvida de sus mayores está abocada al fracaso;
Un movimiento que se olvidad de sus presxs (o detenidxs) está condenado a la derrota”

lunes, 23 de enero de 2012

Basta de muertes y malos tratos en centros de menores


La impresión generalizada que sobre los centros de internamiento de menores tiene gran parte de la sociedad, conformada de manera interesada tanto por los medios de comunicación como por las autoridades políticas, dista mucho de la realidad. Se intenta vender la imagen de gran efectividad reinsertadora, que se logra a través de unos centros educativos donde prevalece el interés del menor. Se tiene la imagen de una especie de “campamentos”, más o menos severos, donde un equipo profesional atiende las necesidades educativas y formativas a todos los niveles de los menores, partiendo siempre desde la empatía y el respeto al menor.
Nada más lejos de la realidad. Los centros de internamiento para menores infractores son cárceles, y funcionan como tales. De hecho, el régimen disciplinario que rige la vida de los centros es un calco casi literal del Reglamento Penitenciario ordinario, que rige la vida en las cárceles para adultos, incluso endurecido. En la práctica, los menores presos tienen menos derechos que los reos adultos.

En los centros de reforma, los malos tratos son algo generalizado, como denuncian desde la Coordinadora para la Prevención de la Tortura: “humillación permanente, sanciones arbitrarias y agresiones físicas  puras y duras”. Recordemos que las penas de aislamiento, los registros con desnudo integral o la utilización de porras y grilletes es algo legalmente permitido, contraviniendo así la legislación internacional ya que Naciones Unidas prohíbe taxativamente las penas de aislamiento y el uso de armas en los centros de menores (Reglas de Beijing, resolución 40/23 de 29 de noviembre de 1985).

A una ley y unos reglamentos aberrantes, se suman las consecuencias de la privatización de los centros permitida por la Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores, de 13 de enero de 2000 (el 70% de las cárceles de menores están en manos de entidades privadas que reciben entre 300 y 500 euros al día por menor). Por desgracia, lo mismo sucede con los centros de protección terapéuticos (tanto la privatización como los malos tratos), como han denunciado entre otros el Defensor del Pueblo y Amnistía Internacional.

No al endurecimiento de la Ley del Menor

Por otro lado, la caverna mediática y política berrea constantemente contra la supuesta indulgencia de la Ley del Menor, exigiendo su endurecimiento y rebajar la edad penal hasta los 12 años, para evitar la supuesta impunidad que gozan los delincuentes menores de edad (obviando que esta ley permite penas de hasta 10 años). Estas campañas lamentables las llevan a cabo utilizando el dolor y la conmoción de familias que viven casos puntuales, pero no por ello menos dolorosos, y haciendo generalizaciones que nada tienen que ver con lo que sucede realmente. Pero la realidad pone en evidencia la demagogia de la derecha: en su último informe, el Comité de derechos del niño de la ONU denuncia que en el Estado español hay demasiados niños privados de libertad y que no se respeta la legislación internacional en materia de menores. Además, según los datos de 2010 facilitados por el Instituto Nacional de Estadística, sólo el 0,1% de los menores presos han sido condenados por delitos graves.

En parte, todo lo que sucede se debe a la privatización de los centros. Como muestra un botón: hasta el año 2001, en toda la Comunidad de Madrid existían tres centros de reforma, todos públicos. Tras la entrada en vigor de la LORPM, y sin que se produjera un aumento de los índices de delincuencia juvenil, pasamos en seis años a tener 18 reformatorios, todos los nuevos privados, por supuesto. Entonces surgen dudas, ¿se trata de intentar atajar un problema social, o de fomentar un negocio a costa de los niños allí encerrados?

Por tanto, el primer paso para acabar con las barbaridades que se cometen en nombre del “interés superior del menor” es luchar contra la privatización (algo que lamentablemente la direcciones sindicales no están haciendo). Pero con esto no bastaría. En los centros de menores públicos también se maltrata. Por ejemplo, CCOO ha denunciado pública y judicialmente al centro Punta Blanca de Ceuta (de titularidad y gestión pública) por torturas. Es urgente cambiar de raíz los métodos de intervención, abandonando los mecanismos meramente punitivos, porque encerrando no se educa.

Justicia para Ramón Barrios

Ramón es el último chaval muerto bajo custodia. Un joven vecino de Villaverde que falleció el pasado verano en el centro Teresa de Calcuta, gestionado por la empresa Ginso. Ramón estaba cumpliendo una condena de 12 fines de semana de internamiento por hurto. Tras un conflicto con el personal del centro, el siguiente fin de semana murió tras ser “contenido física y mecánicamente”. La forense en un primer informe certificó como “incierta” la causa de la muerte, y la segunda autopsia solicitada por la familia al apreciar evidentes signos de violencia en el cuerpo de Ramón durante el velatorio, no ha podido realizarse porque la familia no pudo hacer frente a los gastos de mantener el cadáver en el tanatorio. Aun así, familiares y amigos de Ramón siguen luchando para que se haga justicia. Desde el Sindicato de Estudiantes nos solidarizamos plenamente con sus allegados y llamamos a participar en todas las acciones que se convoquen. ¡Basta ya de muertes y malos tratos en centros de menores!

Ofensiva política y social contra los CIES


  • Unas 148 asociaciones se unen para pedir el cierre de estos centros
  • IU lleva una propuesta al Congreso para, al menos, regularlos
  • Denuncian que son 'espacios de impunidad' donde se vulneran derechos
Agencias | Madrid | Barcelona Actualizado miércoles 18/01/2012
Los definen como "auténticos agujeros negros", "espacios de impunidad" o lugares "opacos" donde se vulneran derechos de los 'sin papeles'. Y exigen su cierre inmediato. La nueva ofensiva contra los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) se juega en el Congreso, pero también en la calle. Por un lado, Izquierda Unida ha registrado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados que pide al Gobierno el desarrollo "urgente" de un reglamento; por otro, un total de 148 organizaciones sociales, vecinales, políticas, jurídicas y sindicales se han unido para exigir su punto y final.
En una multitudinaria conferencia de prensa celebrada en la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona, los 140 firmantes del manifiesto denuncian que es ilegal privar de libertad a personas por el hecho de no tener su situación administrativa regularizada, que no es un delito sino una falta administrativa.
'Estar internado no es una medida cautelar, sino una sanción, un castigo', denuncian
La jurista del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona, Cristina Fernández, ha calificado los CIE como "auténticos agujeros negros" de la Democracia donde se vulneran "los principios democráticos y de derecho".
Entre los firmantes hay grupos de toda España: vinculados a los Derechos Humanos, asociaciones de inmigrantes y conocidos organismos como SOS Racismo o Médicos del Mundo.
El abogado de la Asociación Catalana por la Defensa de los Derechos Humanos José Javier Ordóñez ha criticado que el Gobierno no informe del número de internos. Cálculos no oficiales sitúan cada año a unas 16.000 personas en los CIES, de las que solo un 49% son finalmente expulsados del país. "El internamiento en un CIE no es pues una medida cautelar, sino una sanción, un castigo, y eso es una locura jurídica", ha dicho.
Cristina Fernández ha asegurado que en los CIES, al no disponer de un reglamento, se actúa de manera discrecional, "son espacio de impunidad" donde, según ella, se cometen agresiones y vejaciones a menudo y "se expulsa a los testigos de estos actos si se presenta una denuncia".
La Defensora del Pueblo tiene abierta una investigación de oficio sobre una muerte en un centro
Precisamente en ese sentido se enmarca una actuación paralela de Izquierda Unida en el Congreso, que reclama un desarrollo "urgente" del reglamento, pero también el "cierre progresivo" de estas instalaciones.
La iniciativa pide además que se proceda al "cierre inmediato" del CIE de Madrid, situado en el barrio de Aluche, por las "inadecuadas condiciones" de habitabilidad, producidas por la situación de hacinamiento en sus celdas y por la falta de unas condiciones sanitarias y de aseo apropiadas para con sus retenidos". En él,falleció recientemente una congoleña por meningitis.
En cuanto al resto de centros, un total de nueve en España, solicita que se proceda a su "cierre progresivo" y sustitución por otros equipamientos "que salvaguarden la salud, la libertad y la dignidad de los ciudadanos extranjeros insuficientemente indocumentados".
La pasada semana, ERC ya pidió la comparecencia en el Congreso del ministro del Interior, Jorge Fernández, para que explicase en qué situación están los CIES en general y rinda cuentas, en concreto, por la muerte de un inmigrante de Guinea Conakry interno en el centro de Barcelona.
La Oficina de la Defensora del Pueblo, Maria Luisa Cava de Llano, mantiene abierta desde el pasado 6 de enero una investigación de oficio sobre este fallecimiento. Por ello, en los dos últimos días ha visitado la instalación.

Presos sin haber cometido delitos

Familiares e internos denuncian las condiciones carcelarias de los CIE

ADRIANA MOLINA / FERRAN POU BARCELONA 19/01/2012 10:44 Actualizado: 19/01/2012
El CIE de Barcelona. El CIE de Barcelona.
En medio de la nada, en un polígono industrial de las afueras de Barcelona, se esconde el Centro de Internamiento de Inmigrantes (CIE) de la Zona Franca. Allí son llevados los sin papeles a la espera de que se tramite su expediente de deportación o no. Mientras tanto, conviven más de 200 internos de diferentes nacionalidades hacinados en un centro que poco se diferencia de una cárcel. Desde hace tres semanas, una mujer boliviana acude cada día puntualmente a las cinco de la tarde a visitar a su marido. Consigue verlo como máximo 15 minutos a través de un cristal y hablar mediante un teléfono, después de pasar por tres salas de espera y un control de seguridad. En el encuentro, el interno le cuenta a su mujer que ese mismo día han llegado seis bolivianos de una redada y ha tenido que repartir el dinero que ella le llevó el día anterior para que pudiesen ponerse en contacto con sus familiares. Cuando un inmigrante llega al CIE, en el procedimiento de ingreso, le son retiradas todas sus pertenencias.
"Aquí el dinero lo es todo, sin él están muertos", asegura la mujer de un interno rumano. Los internos explican que el desayuno consiste en un café y un trozo de pan duro y la comida y la cena se sirven frías. Los productos de alimentación deben comprarlos en máquinas expendedoras. Un botellín de agua les cuesta dos euros.
El espacio descubierto que separa la sala de entrada del edificio principal se convierte en un improvisado patio de juegos para los niños que acuden a visitar a sus padres. "No entiendo por qué mi marido no puede abrazar a su hijo si no ha cometido ningún delito", explica una madre boliviana. Y es que otra de las madres se lamenta de que "según el agente que haya, mi hijo puede pasar a abrazar a su padre o no".
Otra de las familiares asegura que a principios de este mismo año una mujer acudió al CIE barcelonés para visitar a un familiar que estaba dentro y, al comprobar la Policía que no tenía papeles, "ya no salió".
La sombra de los malos tratos y el trato denigrante siempre ha planeado sobre los CIE, pero desde que la pasado noche de Reyes muriese en su celda el guineano Idrissa Diallo por un problema cardiaco, los ánimos están mucho más crispados. "Hay mucha más Policía", admite un abogado. El miedo de las familias se ha incrementado, pero el de los internos también.

domingo, 22 de enero de 2012

Siguen las movilizaciones en defensa del sector público

180000 personas se manifiestan contra los recortes educativos de la Generalitat. Animamos a seguir luchando en defensa de lo público y contra los recortes y ataques a los trabajadores. Aquí la crónica de la movilización.
Próximas convocatorias:

Catalunya: 28 de enero, manifestaciones en las capitales de provincia. Pincha para más información


Euskadi: 4 de febrero, manifestación en Bilbo. Pincha para más información


Madrid: 29 de enero, concentración interinos. Pincha aquí para más información
               7 de febrero, manifestación en Madrid. Pincha aquí para más información


Castilla La Mancha: 11 de febrero, manifestación en Toledo
                                    29 de febrero, Huelga General del sector público. Más información  
         

jueves, 19 de enero de 2012

Concierto contra los centros de menores

Solidaridad con el Sindicato de Estudiantes

La Plataforma Regional por la Escuela Pública exige la devolución del local que el Sindicato de Estudiantes tenía cedido en el CEIP Juan Ramón Jiménez de Leganés, y entiende que el desalojo que está sufriendo es consecuencia de su actuación en defensa de la educación pública.

Las organizaciones que componen, junto con el Sindicato de Estudiantes, la Plataforma Regional por la Escuela Pública: CCOO, UGT, STEM, FAPA Francisco Giner de los Ríos, los Movimientos de Renovación Pedagógica y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid, hemos conocido recientemente que el pasado mes de octubre, sin ninguna notificación previa, la Concejala de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Leganés ordenó cambiar el candado de la verja que da acceso al local del Sindicato de Estudiantes (SE) en dicha ciudad, lo que supone su desalojo de dichas instalaciones.

Desde nuestras organizaciones consideramos esta acción como un atropello al ejercicio de libertades, porque dicho desalojo se produce en medio de las luchas más importantes de los últimos años a favor de la Educación Pública y contra la política privatizadora del Gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, en las que el Sindicato de Estudiantes está jugando un importante papel, el que le corresponde en defensa de los derechos del alumnado.

El local en cuestión se corresponde con lo que era la casa del conserje del antiguo Colegio Público Juan Ramón Jiménez, instalación que viene siendo utilizada por el SE desde hace casi 10 años y fue cedida por el Ayuntamiento (entonces dirigido por PSOE-IU) tras el desalojo de los antiguos juzgados, edificio que fue ocupado, limpiado y abierto a la ciudadanía para actividades culturales, educativas, etc., por el SE, junto a otros colectivos. Esta labor contó con el apoyo y la participación de los vecinos, y así fue reconocido por el entonces equipo de gobierno.

La Concejalía ha puesto como excusa que dicho colegio ha sido cedido al centro de atención a discapacitados Magerit, que fueron desalojados por el Gobierno Regional del Partido Popular del edificio en el que se encontraban en Carabanchel y que, después de una dura lucha, han conseguido ser realojados.
En cualquier caso, la excusa dada por el Ayuntamiento es falsa. En primer lugar, porque el traslado del centro de discapacitados a este colegio es provisional hasta que finalicen las obras de rehabilitación de su edificio en Carabanchel. Por otro lado, el centro Magerit está ocupando el colegio y no la casa del conserje, y además el AMPA del Magerit (a quién el PP dice que iría destinado el local del SE) quiere y necesita tener su local dentro del colegio, junto a las instalaciones en las que estarán sus hijos y familiares, tal y como ellos han manifestado a los compañeros del Sindicato de Estudiantes.

Por tanto, desde la Plataforma Regional por la Escuela Pública, exigimos la inmediata devolución del local al Sindicato de Estudiantes, para que siga desarrollando su actividad en defensa de la Educación Pública, y el innegable derecho constitucional de participación, que los poderes públicos deben defender, favorecer y facilitar.
Madrid, 18 de enero de 2012                                          
www.escuelapublica.org

martes, 17 de enero de 2012

Emergencia humanitaria en Gasteiz provocada por las instituciones forales y municipales

En Vitoria-Gasteiz, nuestra maravillosa Green Capital, desde principios de diciembre se está abandonando en la calle, en la más absoluta indigencia, a menores acogidos en los centros dependientes de la Diputación Foral de Álava cuando a juicio de esta institución, han cumplido los 18 años.
 Sin comida, ni un lugar donde dormir son trasladados en furgoneta con sus escasas pertenencias por educadores de los denominados “Centros de Acogida” dependientes de Diputación, a los Servicios de Urgencia del Ayuntamiento y en muchos casos estos últimos les dejan en la calle abandonados sin darles una alternativa residencial o para poder alimentarse al menos de forma temporal.
 De hecho quienes denunciamos esta situación que constituimos la Plataforma Alavesa de Apoyo a estos jóvenes, llevamos varias semanas alojándolos provisionalmente en nuestras casas y poniendo dinero de nuestros bolsillos, todo ello para que no duerman en la calle y no estén sin comer.
Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, en su capítulo tercero establece con claridad y contundencia las medidas y principios rectores para la actuación de los poderes públicos. En su apartado 2.a., deja bien claro que es responsabilidad de las administraciones competentes, en este caso la Diputación Foral de Álava, facilitar mediante un itinerario de inserción su integración social. Por el contrario, y lejos de cumplir con sus obligaciones legales, ésta condena a muchachos, que hasta ese día han permanecido bajo su tutela, a la indigencia más absoluta al ser expulsados de los Centros, lo cual supone, una clara dejación de las responsabilidades que se le atribuyen por ley de cara a garantizar los derechos básicos de los menores una vez cumplida la mayoría de edad.
Consideramos que esta política responde a un único objetivo: en cuanto crece la demanda de acogimiento de menores, tal y como ha ocurrido en anteriores ocasiones, la administración establece los dispositivos necesarios para reducir drásticamente la población necesitada de atención, sin importarle el respeto a los derechos humanos básicos de estos jóvenes o el que las personas alavesas que trabajan como educadoras en los centros en situación de precariedad laboral se queden también en la calle sin poder hacer o decir nada.
Hoy los que se quedan en la calle son estos chicos que consiguieron sobrevivir cuando vinieron de Africa en patera y nuestras hijas e hijos que han estudiado para trabajar en los servicios asistenciales. Mañana… ¿a quienes nos tocará pernoctar en la calle y buscarnos a través de la caridad algo que comer? A quienes han propiciado que se den estas situaciones parece ser que no les afectan ni les preocupan las consecuencias de “la crisis económica” y el caos social que está generando. Las consecuencias que aquí denunciamos son muy graves ya que vulneran su propia legalidad, los acuerdos internacionales sobre respeto a los derechos humanos con el trato digno, la protección de la infancia y juventud vulnerable y la prohibición de los malos tratos y el abandono.
Por todo ello, queremos hacer un llamamiento a la ciudadanía y a todas las instituciones competentes: Diputación Foral de Álava, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Fiscalía de Menores de Álava, Ararteko, Síndico, Partidos políticos y Sindicatos y demás agentes sociales competentes para que con carácter de urgencia se tomen medidas para evitar que se produzcan situaciones de emergencia humanitaria en nuestra ciudad como la que aquí denunciamos.
En este sentido pedimos vuestra adhesión a este comunicado público y os adjuntamos un documento explicativo de los antecedentes e información descriptiva de lo que aquí denunciamos. Enviar vuestra adhesión al correo electrónico: jovenesapoyomutuo@gmail.com
DOCUMENTO:RELACION DE ACONTECIMIENTOS

lunes, 16 de enero de 2012

Entrevista a Sherezade

Sherezade ha cumplido 18 años hace sólo unos meses, y su mayoría de edad le permite por fin denunciar a cara descubierta la situación que vive desde que fue tutelada por la Comunidad de Madrid. Cuando tenía 14 años la administración adoptó con ella una medida de protección y le internó en una residencia infantil. Meses después quedaba embarazada y comenzó su calvario, pasando por dos residencias infantiles privadas-concertadas cuyos responsables han sido imputados por malos tratos. Antes de cumplir los 18 años, su bebé había sido entregado a otra familia, pese a que ambos estaban tutelados y los convenios internacionales de derechos humanos sancionan la separación de niños de una misma familia. Tanto ella como su hijo necesitan nuestro apoyo
El programa de Radio Enlace "Los Sonidos de mi Barrio" le ha entrevistado. Escucha su testimonio aquí

sábado, 14 de enero de 2012

Concentración por la libertad de Miguel Montes

"El próximo lunes 16 de enero se realizará un acto silencioso a las puertas del Ministerio de Justicia pidiendo la libertad de Miguel Montes, ya que un mes después el indulto sigue en prisión.

Se convoca a los medios de comunicación a las 10:30, a los que se agradece su asistencia.

La hora de reunión de los activistas será a las 10 y el acto será desconvocado a las 11h. Esta concentración está autorizada por la Delegación de Gobierno.

Además, en este acto se hará entrega de las más de 20.000 nuevas firmas que se han recogido, a través de Actuable, una vez que el indulto concedido el pasado diciembre no ha sido resuelto con la merecida libertad de Miguel.

Gracias por su apoyo e interés.

Grupo de Apoyo a Miguel Montes".

jueves, 12 de enero de 2012

El preso de Albolote

Reportaje de Informe Semanal sobre Miguel Montes Neiro. Destacamos el papel del educador de la prisión, que nos parece bochornoso para la profesión. Puedes verlo pinchando aquí

30 años de Salhaketa

Han transcurrido 30 años desde que un grupo de gente comprometida y concienciada entraron en contacto con la cárcel. Después de su paso, temporal o no tan temporal, por “el vientre de la bestia” conocieron la indefensión en la que se encontraban la mayoría de las personas presas.
Por ello decidieron constituir una asociación de apoyo a estas personas y nombrarla con la denominación de Salhaketa, pues la denuncia de las condiciones de vida y de la situación de las cárceles sería una de sus principales tareas. Desde entonces la situación ha cambiado mucho en algunos elementos accesorios pero en la esencia no ha variado apenas. Se han conseguido algunos logros a los que Salhaketa ha contribuido, en muchas ocasiones de manera fundamental: implantación de programas de intercambio de jeringuillas, de los Turnos de Asistencia Penitenciaria y Servicios de Orientación Jurídica Penitenciaria, creación de pisos de acogida para disfrutar de permisos de segundo y tercer grado y libertades condicionales,…..y, especialmente, la consolidación en todo el Estado de numerosas asociaciones de apoyo y defensa de los derechos de las personas presas, que constituye una red de solidaridad esencial.
Durante estos años hemos llevado a cabo también un sinfín de campañas con el objetivo de dar a conocer y denunciar las condiciones de vida en las prisiones así por ejemplo: campaña por el cumplimiento en los lugares de origen, contra los malos tratos y la tortura, por la abolición del régimen FIES,….y tantas otras.
Como decía estos días pasados un compañero de la asociación ASAPA, de apoyo a las personas presas en Aragón, podríamos resumir estos años transcurridos desde nuestra creación, que coincide casi con la aprobación del primer reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica General Penitenciaria, por decenios: los años 80 serían los del genocidio del SIDA, donde se dejo morir en prisión a montones de personas sin arbitrar medidas que hubieran evitado, al menos, el contagio. Los 90 trajeron consigo, entre otros datos negativos, la implantación del régimen FIES, la persecución de algunos colectivos denunciantes aunque supusieron también la creación de la Coordinadora estatal de Solidaridad con las Personas Presas, en cuyo germen participó activamente Salhaketa y cuyo trabajo fue heredado por la Coordinador para la Prevención de la Tortura posteriormente. En el primer decenio de este nuevo milenio hemos asistido a la consolidación del modelo de macro cárcel, totalmente desocializador pero muy rentable para la institución y, mucho más, para las empresas paraestatales y privadas de construcción de estas infraestructuras.
Así que la conclusión sólo puede ser, después de todo lo que os hemos contado, que Salhaketa no puede dejar de existir porque la cárcel parece ser la panacea para todos los males, según nos lo vende el discurso predominante.

martes, 10 de enero de 2012

Solidaridad con Youssou

El pasado 24 de diciembre, Youssou Seck, vecino de Leganés y de origen africano, fue recluido en el Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Aluche. A Youssou le detuvo la policía en uno de los controles selectivos para inmigrantes, que habitualmente se realizan en Madrid,cuando acudía a primera hora de la mañana a su puesto de trabajo como costurero en Embajadores. Fue detenido de malas formas y conducido de inmediato ante el juez; que sin más dilación, decidió encerrarle al carecer de la documentación legal. A día de hoy continua internado en Aluche y espera pacientemente su deportación.

Youssou es un joven de unos treinta años, que llegó a Leganés hace unos cuatro. Pronto se puso manos a la obra y quiso construir ese sueño con el que llegan a nuestro país la mayoría de personas de otros países más pobres. Dada su situación irregular y la dificultad con el idioma, pasó varios años dedicandose a la venta ambulante por bares, tiendas, plazas y calles del barrio. Todos-as conocemos a los-as manteros, personas que trabajan jornadas de más de 12 horas y su sueldo depende más bien de la suerte que tengan en el día; bien por los compradores, bien por no acabar perseguido y detenido-a. Pero Youssou le ponía empeño. Con el tiempo y algunas palabras aprendidas en apenas unos meses, ya se desenvolvía más bien que mal por los lugares habituales donde, con cada vez más amabilidad y desparpajo, vendía su material. Ese escaso sueldo le permitió procurarse un techo donde vivir, un piso compartido en el barrio de Zarzaquemada.

Su personalidad risueña y luchadora, le llevó a conocer a las distintas gentes del barrio, dueños-as de comercios, trabajadores-as municipales... etc. En apenas un año, Youssou se relacionaba con total normalidad con sus conocidos, jóvenes y mayores, que observando su interés, le animaron pronto a conocer mejor el idioma, a estudiar y labrarse un futuro digno aquí. No le fue difícil comenzar en 2010 sus clases en el “Centro Educativo de Personas Adultas Rosalía de Castro” de Leganés, donde ha permanecido estudiando hasta el curso pasado; pues ya anteriormente, Youssou acudía entre jornada y jornada, a estudiar castellano al bar que regentaba una amiga suya. Unas nociones básicas que le sirvieron para su total integración en el día a día del barrio. Además de las relaciones personales que se ha labrado durante estos años, Youssou ha tenido contacto con actividades juveniles como conciertos o eventos deportivos que se han realizado en la localidad, siendo una persona querida y apreciada por incontables vecinos-as. Pregunten por él en el barrio.

Este proceso de integración y su proyecto de futuro, fueron frenados de golpe cuando hace unas semanas fue encerrado en el CIE y el juez decretó su orden de expulsión. Youssou ha sido encarcelado sin cometer ningún delito, además de carecer de antecedente penal alguno. Lo que para un-a ciudadano-a “legal” es una multa por una falta administrativa; para las personas sin papeles, es la privación de libertad en condiciones lamentables, tal y como confirman los recientes informes publicados por distintas ONG´s y organizaciones de Derechos Humanos, y de los que varios juzgados de Madrid se han hecho eco las últimas semanas. Las cuales denuncian el trato, las instalaciones y las garantías mínimas para con los derechos de los-as internos-as, que encerrados-as en estos centros son poco más que números, ciudadanos-as de ninguna parte condenados a un futuro incierto que ampara la legalidad.

Nosotros-as, sus AMIG@S, VECIN@S Y FAMILIARES, alarmados-as por la situación de encierro que vive Youssou en estos momentos, solicitamos en primer lugar su inmediata libertad y salida del CIE de Aluche, donde permanece encerrado injustamente. Asímismo conocemos y entendemos que el proceso de integración en sociedad de Youssou es impecable. Por lo tanto, pedimos en segundo lugar, la revocación de la orden de expulsión que pesa sobre él, con el fin de que pueda seguir trabajando y desarrollando su proyecto de futuro en el entorno que vive y desea seguir viviendo.


sábado, 7 de enero de 2012

Otra muerte en un CIE

Hoy 6 de Enero de 2012 nos hemos enterado de la muerte de un joven guineano
de 21 años interno en el CIE de Zona Franca. Los internos y compañeros de
celda del joven afirman que ayer el joven requirió atención médica y le
fue denegada.

Es la segunda muerte que se produce en el CIE de Zona Franca después de la de
Mohammed el 13 de diciembre de 2010. Hay que recordar la lamentable situación
de estos Centros de Internamiento que se han convertido en los Guantánamos
españoles. La situación de hacinamiento y las precarias condiciones
sanitarias y de asistencia médica ya han sido denunciada por muchas
organizaciones de derechos humanos, así como por el Defensor del Pueblo y el
propio Sindicato de Policía.

El pasado 28 de enero el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, denunció que
el CIE de Zona Franca se dan todas las condiciones para que tengan
malos tratos. Así, esta semana consta que un interno ha sufrido
una violenta agresión por parte de la Policía. La denuncia está aun en
trámite, aún así sólo unos días después conocemos la muerte de un hombre por falta
de asistencia médica.

Es importante recalcar que la muerte no ha sido inesperada, el joven se
quejó al servicio médico del Centro de Internamiento y se le denegó la
visita y consulta médica. Al contrario de lo que afirman otras fuentes, internos del CIE
de Zona Franca confirman las quejas que el joven había enviado a los agentes
de la policía nacional que custodian los centros.
Los otros internos esta mañana no han desayunado en muestra de solidaridad
con el compañero muerto, debemos tener en cuenta las condiciones de
vulnerabilidad que sufren las personas internas y exigimos que se
respeten las muestras de solidaridad y el derecho de protesta de las
personas internas hacia una situación como la que se ha dado hoy. Es
necesario que estemos atentas y denunciamos las condiciones que las
organizaciones en defensa de Derechos Humanos llevamos tiempo denunciando,
situaciones de incomunicación, visitas en horarios restringidos,
desinformación sobre su situación en el CIE, falta de control judicial;
por todo ello pensamos que hoy por hoy todas las personas internas en el CIE
de Zona Franca y en el resto de CIE son susceptibles de que sus derechos sean vulnerados.

Finalmente exigimos el cierre del Centro de Internamiento de Extranjeros de
Zona Franca, no podemos permitir que se vulneren los derechos de las personas
internas ni más muertes en el Centro de Internamiento.


martes, 3 de enero de 2012

¿Niños sin límites?

Generalmente, los medios de comunicación y ciertos “expertos” nos dibujan un inquietante panorama de paulatino e incesante aumento de la violencia ejercida por menores de edad, tanto en el ámbito escolar como en el familiar (argumentado en el aumento significativo de denuncias de padres agredidos por sus hijos).
Por regla general, analizan los motivos de esta supuesta situación de la siguiente manera: si bien se asume que problemas extra familiares influyen, como la falta de conciliación de la vida laboral y familiar o el papel de los modelos televisivos, los videojuegos, etc., centran la explicación en las relaciones familiares. Suelen afirmar que la génesis de la situación descrita se encuentra, probablemente, en los cambios sucedidos en las relaciones familiares, especialmente en la falta de límites con que crecen los niños. Habríamos pasado de un modelo educativo autoritario (familia de “ordeno y mando”) a un modelo educativo laxo e incluso inexistente (por dejación de funciones en los padres), lo que lleva a los niños a crecer sin límites, haciendo lo que les apetece en cada momento (apuntando al hedonismo y comodidad de los padres como razón de este estilo educativo).

Explican que si bien el cariño es imprescindible, también lo es el “no”, el límite, la prohibición de determinados comportamientos, la frustración o la postergación del placer. De lo contrario, afirman, el joven será un tirano y además tendrá problemas de identidad. Para que esto no ocurra, es necesario inculcar la cultura del esfuerzo. Y suelen concluir sus disertaciones apelando a la necesidad de recuperar valores básicos como el respeto, la responsabilidad, el esfuerzo, la entrega, la generosidad, la paciencia…para evitar así que nuestros hijos lleguen a ser, incluso, unos psicópatas.

Ante semejante panorama, lo primero que hay que hacer es analizar las premisas de las que parten tanto medios de comunicación como los habituales  “expertos”. Por lo general, la falta de datos concretos a nuestra disposición y el bombardeo mediático sobre la violencia escolar y el aumento de hijos que agreden a sus padres dificulta esta labor.

No obstante, esgrimir como argumento el aumento del número de denuncias interpuestas por padres maltratados por sus hijos para justificar la existencia de una problemática creciente no es del todo correcto, ya que el número de denuncias no tiene porqué ser un indicativo fiable de la evolución de una problemática concreta (más bien da pistas sobre el tratamiento social que recibe el problema); de lo contrario, tendríamos que afirmar que la violencia de género ha aumentado de manera exponencial en los últimos 40 años. Entonces, ¿realmente ha aumentado la violencia de los hijos a sus padres, o simplemente hemos focalizado la atención sobre un fenómeno ya existente? Y de ser así, ¿por qué?

Quizá la irrupción del proyecto Recurra ayude a responder, al menos en parte, a estas preguntas. Ya que podríamos estar creando primero la necesidad de nuestros servicios para luego ofrecerlos “altruistamente”. Este proyecto ha organizado “Campus Unidos” (en Brea de Tajo). Se trata de un centro especializado en el internamiento de menores que agreden a sus padres. Surge de la colaboración de Javier Urra y la empresa Ginso, Urra, psicólogo además de contertulio habitual en radio y televisión, es autor de libros como ¿Qué ocultan nuestros hijos? O El pequeño dictador. Por su parte, Ginso es una entidad supuestamente sin ánimo de lucro cuyo presidente es un empresario de la construcción que tras la promulgación de la Ley del Menor del 2000 (que posibilitó la gestión privada de los centros de menores) diversificó sus negocios hacia la construcción de centros de reforma y su posterior gestión a través de conciertos con las comunidades autónomas. Precisamente en Brea de Tajo construyó (por 157 millones de euros) y gestiona el centro Teresa de Calcuta, denunciado en numerosas ocasiones por distintos colectivos sociales por el trato que reciben los menores internados y donde el pasado verano falleció el joven Ramón Barrios en circunstancias aún no aclaradas.

Con todo lo anterior no se pretende negar la existencia de la problemática, pero sí apuntar que, en cualquier caso, la solución no puede venir ni desde el sensacionalismo periodístico y la criminalización de los chavales ni desde la óptica del lucro empresarial. Sin duda el problema existe (aunque posiblemente no al nivel que nos tratan de vender), pero lo que debemos hacer es analizarlo para aportar soluciones, no aprovecharlo para intentar revertir la rueda histórica del desarrollo social (y mucho menos para intentar aumentar los mecanismos de control social, vaciando de interioridad a las familias).

Algo similar ocurre con la violencia escolar. El bombardeo mediático junto a una campaña constante y marcadamente ideológica sobre el sistema educativo han dibujado un panorama donde la violencia escolar (por una supuesta falta de autoridad del profesorado) es el pan nuestro de cada día, desde finales de los 90. Sin embargo, esta realidad contrasta con los datos obtenidos en una investigación realizada de manera conjunta por el Defensor del Pueblo de España y UNICEF, donde se concluye que la violencia escolar en todas sus formas ha disminuido sensiblemente en la última década.
Y de este informe también podemos inferir, al menos en parte, otra conclusión contradictoria con lo que medios y “expertos” nos plantean: al crecer sin límites, el niño se convierte en un joven déspota que hará lo que sea por conseguir sus objetivos inmediatos; sin embargo la conflictividad en las aulas (tanto hacia iguales como hacia el profesorado) se desarrolla fundamentalmente en el primer ciclo de la ESO, mientras que en los últimos cursos de la ESO y en el bachillerato la violencia escolar se reduce de manera significativa. ¿Cómo sería posible que una supuesta falta de límites, o de autoridad del profesorado, conlleve el desarrollo de jóvenes violentos, si esta violencia se reduce al acercarse a la edad adulta? ¿O es que esas familias laxas han modificado su modelo educativo a los 15 años? ¿O los profesores de repente ganan autoridad al pasar de curso?

Sobre los límites

Al parecer la solución que nos venden es evidente: decir “no” a los niños, ponerles límites, prohibir. Analicemos esta afirmación. Indudablemente, no podemos permitir que un niño pequeño haga lo que quiera en todo momento. Y para su desarrollo es fundamental dotarle de un estructura y ciertas rutinas (horarios de comidas, de baño, de acostarse, etc). Pero a medida que va creciendo, para poder desarrollarse, el locus de control (inicialmente totalmente externo) debe ir desplazándose, para que el niño vaya adquiriendo autonomía y pueda hacerse responsable de sí mismo.

Cuando se habla de límites, por lo general siempre nos referimos a prohibir, de alguna manera constreñir al niño. Sin embargo, no olvidemos que un niño es, ante todo y por naturaleza, pura expansión. Y no olvidemos que aprendemos fundamentalmente por imitación y por ensayo-error. Es decir, que para aprender (en el sentido de interiorizar valores, conductas, etc.) es necesario tener libertad para equivocarse. Sólo si el niño va tomando sus propias decisiones, podrá ir madurando y responsabilizándose de sus actos. La imitación es la otra pata del aprendizaje, de tal manera que el mejor “límite” que puede tener un niño es el autocontrol, la serenidad, la madurez y la responsabilidad de sus adultos de referencia. Autocontrol también a la hora de poner límites al niño.

Para que un niño llegue a ser un joven maduro y responsable, es básico inculcarles el autocontrol. No es lo mismo que impongamos límites a los niños que el que ellos aprendan a limitarse. Cuando imponemos límites a los niños, mantenemos el locus de control externo, lo que, de no ir desplazándose hacia un locus de control interno, impedirá su desarrollo madurativo, dejando al joven en una especie de infantilismo perpetuo (lo que provoca conductas caprichosas, la inmediatez de los objetivos, el narcisismo, la idiocia moral, etc.). Es necesario insistir: para llegar al autocontrol, a la responsabilidad, en definitiva para madurar emocional y conductualmente, es muy necesario que el niño goce de una libertad que le permita ir relacionándose con el entorno y comprenderlo por sí mismo (para llegar a comprenderse a sí mismo y a los demás), sin el filtro que suponen los límites externos, sin el filtro del “controlador” de sus conductas. Aunque se equivoque muchas veces y esto genere “problemas” a los adultos.

Sin embargo, la tendencia actual parece ser la contraria. Por mucho que mass media y supuestos expertos de todo pelaje nos digan que el problema de los más jóvenes es su falta de límites, la realidad, en nuestra opinión, es bien diferente. A día de hoy, en la práctica para un menor de edad todo está prohibido o bien es obligatorio. ¿Dónde queda su libertad de decisión y por tanto su posibilidad de ir responsabilizándose de sí mismo y de los demás?

Por otro lado, se suele contraponer en cierto modo el hecho de transmitir valores, poner límites y prohibiciones con la ternura y el cariño. Sin embargo, la ternura y el cariño, el amor en todas sus formas, es el único límite realmente efectivo. Cuando nos sentimos aceptados, queridos y respetados, tendemos a intentar no dañar ni ofender a quienes nos quieren y queremos. Por alguna razón, siempre que se habla de límites y contención pensamos en cercenar posibilidades, coartar al otro, frustarle, cuando precisamente lo que más limita nuestra conducta es estar contento y feliz, cómodo, en un lugar determinado y con ciertas personas por las que tenemos un especial aprecio.

Dicho todo lo anterior, también es cierto que el autocontrol no siempre funciona, y más en personas que aún lo están desarrollando. Por eso en ocasiones, sólo en ocasiones, se necesitarán límites externos. Pero no todo vale a la hora de limitar.
Los límites no deben nunca suplantar al autocontrol. De lo contrario, infantilizamos al chaval y en consecuencia no podremos responsabilizarle de sus futuras conductas.
Quien limite, a su vez deberá ser coherente con el límite impuesto a la otra persona.
Los límites, que deben ser ocasionales, no pueden convertirse en la tónica habitual. Puesto que lo normal es controlarse y el descontrol es lo excepcional, el límite debe ser algo puntual y no cronificarse.
Además, los límites deben ser siempre razonados y consensuados (lo que no implica la absurdez de estar negociando y renegociando todo constantemente).
Por último, insistir en una idea. Los límites externos tienden a despersonalizar al limitado, mientras que el afecto y el cariño no sólo son el “límite” más efectivo a la hora de contener, sino que personalizan, dotando de autoestima y favoreciendo el desarrollo del autocontrol. Nada sujeta más que una mano abierta.

Sobre la familia

En las últimas décadas la sociedad española ha vivido importantísimos cambios sociológicos, conllevando profundas transformaciones tanto en las relaciones familiares como en el propio concepto de familia. Sin duda, la familia autoritaria, modelo casi exclusivo en el pasado, ha ido dando paso a la irrupción de nuevos modelos educativos, más basados en el diálogo y la aceptación mutua que en la imposición.
Además, la fuerte irrupción de la mujer en el mercado laboral ha facilitado la evolución de los roles del padre y de la madre, equiparándolos, avanzando significativamente hacia la igualdad de género (tanto social como familiarmente). Sin embargo, también ha supuesto que, al trabajar ambos cónyuges en cada vez más hogares, los hijos pasen mucho más tiempo solos o bajo la atención de otras personas (por ejemplo, en comedores escolares, etc.). Lo que, obviamente, dificulta el proceso educativo por parte de los padres. Suele reconocerse  este hecho, pero se le resta importancia, prefiriendo hacer un juicio moral sobre la supuesta negligencia paternal de muchas familias (llegando a hablar de dejación de funciones) por mera comodidad. Esta generalización es peligrosa, ya que, en el fondo, culpabiliza a las familias que puedan tener algún tipo de problema con sus hijos de sus problemas.

La deficitaria protección a la familia en la sociedad actual (por mucho que los defensores del sistema se erijan así mismos como próceres de los valores familiares) tiene consecuencias en la crianza de los hijos. Para empezar, la baja por maternidad de tan sólo 16 semanas hace que el bebé se separe de su principal cuidador durante muchas horas al día, en un momento crucial para el desarrollo del niño. Esta situación contrasta con países con niveles de protección social mucho más avanzados. Por ejemplo, en Suecia el permiso de maternidad alcanza los dos años, edad mucho más adecuada para que el pequeño se separe de su cuidador principal, lo que facilita enormemente su proceso madurativo.
A esto hay que añadirle la nula conciliación de la vida laboral y familiar que existe en nuestro país. Curioso que quienes suelen quejarse amargamente del cambio de modelo familiar en nuestro país defiendan sin pudor la flexibilización (aún más) del mercado laboral.
Sin duda, una buena manera de prevenir futuros problemas familiares es modificar nuestro sistema de protección social y regular el mercado laboral para facilitar la conciliación familiar. Problemas de origen social requieren soluciones sociales.

A lo largo de las últimas décadas, fruto del desarrollo socioeconómico y cultural del país, se ha ido produciendo otro importante cambio en la estructura familiar, que tiene consecuencias en la crianza y educación de los hijos: la reducción de la familia extensa y su peso en la vida cotidiana del núcleo familiar. Antes, cuando surgían problemas con un hijo, por regla general toda la familia (abuelos, tíos, e incluso vecinos y amigos) se implicaban de forma natural en el asunto. A día de hoy, es más fácil que los problemas se enquisten, al verse reducidos los apoyos y las posibilidades de actuación, aumentando así la “necesidad” de intervención.

A la hora de afrontar los problemas familiares, no existen fórmulas mágicas ni recetarios de manual. Si, como profesionales, hemos de intervenir con una familia, lo primero que tenemos que hacer es ganarnos el respeto y la confianza de sus miembros, de tal forma que ellos mismos legitimicen nuestra intervención. Para lograrlo, será fundamental evitar los juicios morales y huir de las imposiciones que desde nuestra posición de poder nos veamos tentados a intentar realizar. Y por supuesto, nuestro acercamiento a la realidad familiar siempre partirá del más profundo respeto a su intimidad. Se trata de colaborar con la familia, no de “intervenirla”.
Será fundamental no partir de clichés ni de categorías preestablecidas, ya que cada situación y cada familia son únicas e irrepetibles. Tendremos que conocer el origen de la problemática y actuar de manera holística. Por ejemplo, nuestra actuación ante un hijo que agrede a sus padres será diferente según la etiología concreta. No es lo mismo que un hijo agreda a sus padres por haber crecido sin ninguna limitación a su ego, que el problema radique en una patología psiquiátrica del vástago, o que el niño haya crecido y ya pueda devolver los golpes.

Colectivo No a O´Belen




Continúa la campaña de demandas contra uno de los educadores que denunció malos tratos

Desde hace ya varios meses, uno de los educadores que denunció públicamente los malos tratos que sufren los menores en los centros de la Fundación O´Belen está siendo objeto de lo que podemos denominar una campaña de acoso judicial por parte de personas vinculadas a esta empresa. Dicha campaña consiste, de momento, en la presentación de demandas de conciliación por injurias contra el compañero, viéndose obligado de esta forma a presentarse en reiteradas ocasiones en los juzgados (con los trastornos que esto genera), con el agravante añadido de que la parte denunciante ni tan siquiera se presenta a las citaciones (para más información, pinchar aquí).

De nuevo, el pasado 13 de diciembre tuvo que presentarse en el juzgado por una nueva demanda, no presentándose de nuevo el denunciante, demostrando así que los objetivos reales de su denuncia no son ni salvaguardar su supuestamente dañado honor ni conciliar con el denunciado. En esta ocasión, el protagonista de esta nueva bufonada ha sido Don José Montalvo Marin, quien ha sido condenado en costas por no presentarse ni justificar en forma alguna su ausencia. De momento, las personas vinculadas a O´Belen que han presentado denuncia son Roberto Barrado Gozalo, Jose Javier Hernández Martín, Rocío Villafranca Alamillo, Maria Teresa Merino Martín, Irene Puertas Pérez y José Montalvo Marín.

Insistimos en que no vamos a ceder ante ninguna forma de presión, y reiteramos, una vez más, nuestro firme compromiso en defensa de los derechos de los menores y en la lucha por unos servicios sociales públicos, democráticos y de calidad.

lunes, 2 de enero de 2012

Parar el racismo, no a las personas

En los últimos años ha habido en España un aumento de denuncias de abusos y discriminación contra ciudadanos extranjeros y miembros de minorías étnicas. No son casos aislados, sino que se ha detectado un incremento  preocupante de actos discriminatorios en el ámbito laboral, educativo, en el acceso a la vivienda, a lugares de ocio, etc. Todo ello va acompañado de un alarmante crecimiento de casos de tortura y malos tratos a inmigrantes o minorías étnicas por parte de agentes del Estado. 

Uno de estos casos son los controles policiales hacia la población inmigrante. El nuevo informe de Amnistía Internacional (AI), 'Parar el racismo, no a las personas: Perfiles raciales y control de la inmigración en España', destapa la actuación de la policía española que, según la organización, selecciona a personas para comprobar su identidad basándose en sus características étnicas o raciales.

"En España, al realizar la policía controles de identidad, aborda preferentemente a personas pertenecientes a minorías étnicas sin más motivo que el color de su piel. Con el pretexto del "control de la inmigración", en un mismo día se puede parar varias veces para comprobar su documentación a cualquiera que no tenga "aspecto europeo". De esta forma se presenta el estudio de Amnistía Internacional, que trata de visibilizar esta situación y pedir a las autoridades que la policía cese dicha práctica.

El documento resume en 46 páginas un informe detallado y documentado de cómo realiza la policía dichos controles, desde los perfiles raciales, diferentes testimonios, pasando por las leyes españolas sobre control de identidad, las redadas policiales, las sanciones contra quienes documentan los controles de identidad y lo que ocurre después de dichos controles.

Las autoridades españolas niegan que se apliquen perfiles raciales. Para Amnistía Internacional, sin embargo, este informe documenta la práctica habitual de los controles discriminatorios de identidad y recoge la experiencia que de ella tienen las personas. "Ante la evidencia de estos hechos, las autoridades no pueden seguir negando el racismo que anida en el corazón de la moderna España multicultural, y deben actuar para acabar con él", afirma la organización.