martes, 3 de diciembre de 2013

O´Belen deja Gipuzkoa tras un conflicto laboral

Protesta contra los abusos a menores en centros gestionados por O'Belén. / D. FERNÁNDEZ
A mediados de noviembre, la Fundación O’Belén ha llegado a un principio de acuerdo con la Diputación guipuzcoana para ceder el contrato de dos centros menores a otra entidad todavía sin determinar, según explicaba el diputado de Política Social, Ander Rodríguez (Bildu), a la asamblea de trabajadores que protestaba tras dos meses de impago. La entidad intentó utilizar la situación para negociar las condiciones del contrato obtenido por concurso en 2012, por considerar que el dinero estipulado era insuficiente. La reputación de la entidad, en cuyos centros han muerto tres menores, preocupó entonces a la plantilla, que, según Rober Benito, portavoz del comité de empresa, al principio tenía “miedo” sobre todo “al tema de seguridad, contenciones, y medicaciones”, aunque señala que “de eso no ha habido nada”. Benito lo atribuye a que las plantillas de ambos centros han estado “bastante atentas” a que no ocurriera, pues “Diputación nos dijo que si ocurría algo así, automáticamente les quitarían el concurso”.
Además de los impagos y de abonar con retraso los salarios, O’Belén trató de cambiar los calendarios para suprimir el plus económico por turnicidad y bajar el salario un 12% sobre lo establecido en el convenio, pero sendas pretensiones fueron frenadas por la Diputación que gobierna Bildu. El impacto de las malas condiciones de trabajo en el tratamiento de los menores fue una de las cuestiones señaladas por el demoledor informe del Defensor del Pueblo en 2009, y O’Belén, una de las entidades más citadas a este respecto.

A por el negocio del TDAH

Quizá preparando un alternativa al negocio de centros de menores, O’Belén se sigue empleando a fondo, de la mano de su director, Javier San Sebastián, en fomentar el ‘nicho de mercado’ del Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH). La Fundación inició en 2012 una nueva investigación sobre la ‘Prevalencia del TDAH en población de menores del sistema de protección en España’ financiada por el laboratorio farmacéutico Shire Pharmaceuticals Ibérica.Por otro lado, dentro del proyecto Esperi, que investiga trastornos del comportamiento en niños y adolescentes, copatrocinado por Iberdrola y Accenture, ofrece un cuestionario con intención de fomentar la detección precoz en el aula -donde habría un público objetivo inmenso- ya que la Fundación considera el TDAH “un trastorno infradiagnosticado”. Esto choca con las opiniones de abundantes expertos y las recomendaciones de organismos internacionales como UNICEF y la Organización Mundial de la Salud, que consideran que hay un exceso en el diagnóstico y un uso desmesurado de psicofármacos para tratar a la población infanto-juvenil diagnosticada con esta enfermedad. El director de O’Belén, cuya asistencia a congresos ha sido sufragada en abundantes ocasiones por farmacéuticas, es un conocido defensor del empleo de psicofármacos. El Servicio de Evaluación de Tecnologías sanitarias del Gobierno Vasco ha alertado, tras una investigación, de las “elevadas y crecientes cifras de prescripción de metilfenidato” y del “crecimiento exponencial en el consumo de fármacos” coincidiendo con la incorporación al mercado de Concerta, del laboratorio Janssen.
El propio San Sebastián ha participado en la elaboración de la “Guía de Práctica Clínica sobre el diagnóstico y tratamiento del TDAH”, presentada en 2010 con el aval del Ministerio de Sanidad y el de Ciencia e Innovación. Según denuncia la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, dicha guía fue elaborada sin representatividad de los profesionales de la salud del Estado español y subrayan que el 70% de las personas colaboradoras y el 50% de las revisoras declaran conflictos de interés, sobre todo por relaciones con farmacéuticas. Es el caso de San Sebastián, a quien Janssen, que comercializa Concerta, el medicamento más recetado para el TDHA, ha sufragado la asistencia a congresos. En la bibliografía de la guía, además, se cita profusamente a Joseph Biederman, investigado por el Senado estadounidense por recibir 1,7 millones de dólares de compañías farmacéuticas tras promover el diagnóstico de trastornos psiquiátricos en la infancia.

Bildu apuesta por publificar

Frente a la apuesta privatizadora de la intervención social en el resto del Estado, Bildu, desde la Diputación Foral de Gipuzkoa, apuesta por hacer paulatinamente público el sector. Rodríguez señala que “el sistema actual es fruto de años de externalización de los recursos y revertir esa tendencia requiere su tiempo”. Han empezado recuperando el Servicio de Valoración, cuya gestión directa por Diputación está contemplada en la Ley de Servicios sociales de la Comunidad Autónoma Vasca.
Rodríguez, encargado de la negociación con O´Belén, ya medió antes en otro conflicto entre trabajadores del sector y la patronal
vasca relativo al convenio de Residencias de la Tercera Edad, por el que la Diputación presentó un propuesta de convenio que ya han aceptado en torno al 98% de las residencias. Por este motivo, fue demandado por los empresarios al considerar que “está inmiscuyéndose” y “menoscabando claramente al poder negociador de la parte empresarial”. La Diputación trabaja en la creación de un organismo autónomo para asumir la gestión de las residencias de mayores municipales que, según Rodríguez, “será la herramienta que permitirá la publificación futura de otros servicios”.
A raíz del seguimiento a O’Belén, se está reforzando el control. Los trabajadores han propuesto a la Diputación una hoja de control, que permitiría comprobar si se cumplen los requisitos que marca el Programa Marco y el Decreto del Gobierno Vasco para que cada mes se presente un informe centro por centro.

1.200 millones de euros a las farmaceúticas

El ‘Libro blanco europeo del TDAH’, de mayo, defiende la tesis del infradiagnóstico y convertir el Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad en enfermedad crónica. Gaspar Llamazares sugirió en julio al Gobierno la elaboración de un nuevo texto con “participación plural de profesionales libres de conflictos de interés”. IU estima que la propuesta del libro costaría al año al Estado 1.200 millones de euros.