viernes, 14 de agosto de 2015

Prosigue el conflicto en el COA de Zaragoza

El grupo parlamentario de Podemos ha exigido hoy al Gobierno de Aragón que revoque el contrato de adjudicación de la gestión del Centro de Observación y Acogida (COA) a la empresa Intrees, así como que le remita la información completa del expediente en aras a la transparencia.
El objetivo es comprobar si existe un empeoramiento de las condiciones de prestación y calidad del servicio de atención a menores en esta adjudicación realizada, el pasado 28 de julio, por procedimiento negociado y sin publicidad, a la empresa Intrees por un importe de 2,4 millones de euros hasta el año 2017.
La diputada autonómica de Podemos Amparo Bella y los trabajadores de la plataforma Educadores en Lucha del COA Javier Ichaso y Elena López han denunciado hoy en rueda de prensa la situación del centro y la forma en la que se ha producido esta adjudicación por parte del nuevo director gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, siguiendo las pautas ya iniciadas por su antecesora en el gobierno del PP.
Bella, quien ha expresado su apoyo a los trabajadores del COA, en huelga desde noviembre de 2014, y sus reivindicaciones de mejora en la atención de los mejores y jóvenes del centro y de sus condiciones laborales, ha mostrado su sorpresa porque el actual ejecutivo aragonés, al que Podemos apoyó en su investidura, haya firmado un expediente que el gobierno popular de Luisa Fernanda Rudi dejó sobre la mesa "como una manzana podrida".
En este sentido, ha denunciado que la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, haya incumplido su compromiso de apoyo a los trabajadores del COA, toda vez que ha solicitado al Gobierno de Aragón, además de la revocación del expediente de adjudicación, que negocie en el conflicto laboral abierto para mejorar la calidad de la atención a los menores en situación de vulnerabilidad.
Bella ha insistido en que el PSOE ha incumplido el acuerdo alcanzado con Podemos para la investidura de Javier Lambán como presidente de Aragón y también las peticiones realizadas sobre la situación del COA por otros partidos, como IU y CHA, y en que el Gobierno de Aragón tiene la responsabilidad de cumplir en la prestación de los servicios públicos.
Por su parte, Javier Ichaso ha anunciado que el comité de empresa del COA presentará mañana un recurso contra la adjudicación del contrato ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA), tras denunciar la historia de este centro de acogida, gestionado anteriormente por la empresa FAIM, la declaración del concurso desierto en enero de este año y la rápida resolución "vía de urgencia, en unos 24 días" el pasado 28 de julio según un expediente iniciado por la anterior directora gerente "en funciones".
Los 26 trabajadores en servicios mínimos de los dos centros del COA, que atienden a entre 200 y 300 menores al año, continuarán en huelga a partir de septiembre, cuando se haga cargo la nueva adjudicataria, porque ni su situación ni la de los menores "ha cambiado", ha dicho López, quien ha añadido que los argumentos que mantienen para continuar esta postura es "la misma" que la ahora consejera Broto utilizó en noviembre de 2014 para poner en duda el funcionamiento del COA.
Además, Ichaso ha criticado a Broto por "esconderse" tras el director gerente del IASS, Joaquín Santos, y no dar la cara ni responder a la solicitud de los trabajadores de reunirse con ella, un encuentro que sí mantuvieron la pasada semana con Santos, quien les aseguró, según Ichaso, que "no se podía hacer nada".
A este respecto, el trabajador del COA ha reclamado la declaración de "lesividad del interés público", que se declare después la nulidad del contrato y que se abra una fórmula para que los menores y jóvenes del centro sean atendidos como deben.
López ha insistido en que, según sus asesores jurídicos, sí se puede revocar la adjudicación del contrato, en que falta "decisión política" y aunque reconoce que habría que indemnizar a la empresa "la carencia de servicios del centro no tiene precio".
Los trabajadores de la plataforma Educadores en Lucha se manifestarán esta noche en la marcha negra convocada por los bomberos de la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) que partirá a las 23.00 horas de la plaza San Miguel de Zaragoza.

sábado, 8 de agosto de 2015

"Los niños no son presos"

Cárcel de Aranjuez. / Tralará
Verano de 2014. A los diez niños de hasta tres años de edad que viven con sus madres en la prisión de Aranjuez –a los que se suman varios bebés de menos de 18 meses–, sólo les dejaron bajar al jardín cinco veces en todo el verano: tres en julio y dos más en agosto. Tampoco les dejaron jugar con agua, a pesar de que las temperaturas en el patio del centro alcanzaron los 40 grados. Fue la gota que colmó el vaso para que familiares de las presas se organizaran ante lo que es ya una larga lista de pérdidas de derechos de la que eran víctimas, no ya las presas, sino sus hijos. Se dedicaron a recoger los abusos que sufren los niños y niñas en la prisión de Aranjuez. El texto, que se está dando a conocer a profesionales y personas relacionadas con los derechos humanos y la pediatría, se hará público previsiblemente en octubre. Se ha elaborado a partir del testimonio de las madres presas y cuenta también con análisis de profesores de psicología de la Universidad del País Vasco, de médicos puericultores de Castilla-La Mancha y Bizkaia, y con el respaldo de Etxerat.

Indefensión

“Hemos tomado la voz de ellas, las madres que están en Aranjuez, porque a ellas no les hacen caso, siempre se han archivado sus quejas”, explica Kontxi Ibarreta, madre de una de las cuatro presas vascas que, hasta hace pocos meses, cumplía condena en Aranjuez junto a su hija de 15 meses. Como subraya Ibarreta, el problema en esta cárcel no es sólo de las presas vascas y sus hijos, sino que es común a todas las madres que cumplen condena allí. Pero la mayoría tiene miedo a protestar por las amenazas y, en el caso de las presas sin nacionalidad española –que en muchas ocasiones no cuentan con redes de apoyo–, por la posibilidad de perder la custodia de sus hijos.
Entrelas denuncias recogidas en el dossier, figura la mala calidad de la comida –en su mayoría congelada y, de pescado, panga, cuyo consumo la OCU recomienda limitar a adultos por su alto contenido en mercurio–. Además, las presas señalan el uso de la megafonía sin tener en cuenta los tiempos de sueño de los niños y niñas, el recorte en la calefacción durante el invierno, la drástica reducción de las fiestas que se celebran en la prisión o la pérdida del ginecólogo como algunos de los problemas que se han ido agravando con el cambio en la dirección de la prisión. También señalan el empeoramiento del trato por parte de las funcionarias por la tensión que se vive en el centro.

Otras necesidades

“Tratan los módulos de madres como si fueran módulos normales, pero los niños no son presos. Las condiciones no pueden ser iguales”, subraya Aner, pareja de otra de las madres presas en Aranjuez. Aner explica que las reclamaciones se limitan a que las condiciones que se viven en Aranjuez sean equiparables a las de la prisión de Valencia, o a las que se daban en la propia cárcel de Aranjuez antes del cambio de dirección. Ibarreta subraya que, a raíz de que personal de la oficina técnica del área del Defensor del Pueblo español visitara la cárcel, su hija fue trasladada al módulo de madres de Valencia. Una cárcel también, sí, pero en donde las condiciones que viven los niños son mucho mejores.

“Los niños necesitan una serie de cosas y, sobre todo, tener una madre, que hasta los tres años la tienen. En Valencia tienen una alimentación relativamente buena y los familiares viajamos para que puedan salir a la calle. Es duro porque está aún más lejos, pero nos organizamos para que cada semana alguien les saque”, dice.

Desde que comenzaron el trabajo del dossier, las madres presas sí han notado algunos cambios, no saben si a raíz del propio trabajo de denuncia que están haciendo o por la visita del trabajador de la oficina del Defensor del Pueblo. Han conseguido volver a la piscina, que los niños puedan jugar con agua en el patio y han aumentado las salidas al jardín. Pero la mayoría de las reivindicaciones más importantes relativas a la alimentación, el control de las salidas y el régimen de comunicaciones, sigue sin solución. La mayoría de los alimentos son prefabricados, congelados y se suelen servir fríos ya que las presas no tienen acceso a frigorífico ni microondas.

La prisión tampoco renueva el material básico y didáctico, y ha reducido los lotes de los niños: ahora sólo aportan pañales mientras antes daban biberones, chupetes, etc. Los pequeños sólo reciben juguetes en su cumpleaños y en Navidad, y no los pueden subir a las celdas. Las salidas al patio de cemento son ahora obligatorias dos veces al día, sin que puedan elegir cuándo, y las salidas de los niños a la calle sólo se permiten dos veces por semana y, según se quejan las presas, a la hora de la comida y la siesta.

En cuanto a los vis a vis de convivencia de cuatro horas, donde se encuentran con los padres, se realizan en unas habitaciones no adaptadas a las necesidades de los niños. Las comunicaciones de 40 minutos, que antes se realizaban en las salas de vis a vis con la posibilidad de llevar comida y juguetes para entretenerlos, ahora se hacen en locutorios acristalados de un metro cuadrado, lleno de colillas y sin ventilación, y los niños lloran a la hora de visita pues no quieren estar ahí, cuenta Aner. Según explica, “con el cambio de director, se puso a cada uno en una parte del cristal. El telefonillo lo tiene la madre, así que el niño ve al padre mover los labios pero no oye. Es una situación bastante dura para el niño”.

Ser madre en prisión

Esta situación no es exclusiva de Aranjuez. “Hay cosas que son comunes: las restricciones de los espacios que pueden usar los niños, los horarios de salida... Aunque, según el centro, se hacen de una manera u otra”, explica María José Gea, del Grupo de Sociología de la Infancia y la Adolescencia.
Aunque no hay datos oficiales accesibles, se calcula que hay unos 200 menores de tres años conviviendo con sus madres en prisiones españolas. En 2004, la secretaria general de Instituciones Peniten­ciarias, Mer­cedes Gallizo, impulsó una política para sacar a los niños de los recintos carcelarios y potenciar las Unidades Externas. Aunque se planificaron cinco de estas unidades, a día de hoy sólo hay tres funcionando: en Palma, Madrid y Sevilla. Pero estos centros se crearon para un determinado perfil de reclusas, dejando fuera a aquellas que cumplen un primer grado, a las condenadas por delitos graves, las que han intentado alguna fuga o cumplen prisión preventiva. Todas estas presas quedarían repartidas en los tres módulos de madres que quedaron cuando se puso en marcha el proyecto de Gallizo (Alcalá de Guadaira, en Sevilla; Picassent, en Valencia, y Aranjuez, al que se sumaría la cárcel de mujeres de Wad-Ras, en Barcelona). Las presas que cumplen un tercer grado son destinadas a unidades dependientes, pisos tutelados en el exterior. “Las plazas de los módulos que se cerraron no son acordes con las plazas que suponen las unidades externas –señala Gea–, por lo que se puede prever una cierta masificación y lentitud en el proceso de acceso a este derecho”.

Según detalla Gea, “el problema de estas unidades es que hay unos perfiles marcados que no pueden acceder, por lo que eliminar los módulos de madres dentro de las prisiones es inviable”, detalla. “El escaso número de plazas también es un problema. Si hay tres módulos de madres, tres unidades externas y estas últimas tienen cubiertas las plazas... me sobran mujeres”, continúa. Gea explica que es habitual que algunas madres que llegan a prisión, detenidas, por ejemplo en Navarra, sean ubicadas con sus hijos en una prisión general hasta que son destinadas a una con módulo de madres. Hay un periodo de tiempo en el que el niño o niña está en un módulo normal, y esto supone una vulneración de sus derechos”, señala.

Instalaciones no preparadas
Pediatría
A los funcionarios de los módulos de madres no se les requiere una preparación específica. Tampoco hay un protocolo de cómo deben hacer los cacheos, recuentos o registros delante de los niños. Las prisiones cuentan con un pediatra, pero externo al centro, y son los funcionarios quienes deciden si se le llama.
Dispersión
Sólo hay tres centros penitenciarios con módulos de madres en todo el Estado, a los que se suman las tres unidades externas. Esto provoca que, en la mayoría de los casos, las mujeres presas con hijos menores de tres años sean dispersadas a centros lejanos a su lugar de residencia, después de pasar un tiempo en prisiones generales.
Encarcelados
Al no haber un protocolo, las salidas de la cárcel de los niños, que dependen de familiares o voluntarios, en muchos centros están muy restringidas. Los módulos de madres son arquitectónicamente iguales a los demás: las escaleras, los cierres automáticos o las rejas no están adaptadas a la vida cotidiana de mujeres con hijos.
Machismo
Algunos de los talleres que se ofrecen a las presas con hijos son sexistas y dan por hecho que, por haber sido condenadas, no saben ‘ser madres’. Gran parte de ellos se centran en “mejorar su aptitud y capacidad como madres”, según señala el documento sobre las Unidades Externas de Madres

miércoles, 5 de agosto de 2015

¡Nunca podrán borrar vuestros nombres de la historia!¡Vivan Las Trece Rosas!

El 5 agosto de 1939, trece mujeres, siete de ellas menores de edad, fueron asesinadas por la escoria nacionalcatólica. Carmen Barredo, Martina Barroso, Blanca Brisac, Pilar Bueno, Julia Conesa, Adelina Casillas, Elena Gil, Virtudes González, Ana López, Joaquina López, Dionisia Manzanedo, Victoria Muñoz, Luisa Rodríguez. 13 militantes de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU). Las Trece Rosas. Un ejemplo de dignidad y lucha obrera. ¡Nunca olvidaremos vuestros nombres! ¡Viva la República! ¡Viva la lucha de la clase obrera!


martes, 4 de agosto de 2015

Fallece un preso que se encontraba en huelga de hambre en la prisión de Jaén

Un preso de la prisión de Jaén ha aparecido muerto en la enfermería de la cárcel después de etar en huelga de hambre desde mayo, según apunta Diario de Jaén. El hombre, de 53 años y natural de Úbeda, se encontraba cumpliendo una condena de 10 meses acusado de «resistencia a la autoridad».

Antes de la condena ya había estado en prisión preventiva y durante ese tiempo también protesto realizando una huelga de hambre y en silencio, tanto que no comunicaba ni la huelga al centro. Así estuvo hasta que fue puesto en libertad a la espera del juicio.

En mayo, volvió a la prisión y, otra vez, dejó de comer y de hablar. En junio estuvo ingresado en el hospital al agravarse su estado de salud y pasados unos días, volvió a comer. Se recuperó en el hospital para después regresar a prisión, donde retomó a la protesta y tuvo que volver al hospital.

El martes por la mañana, fue dado de alta. Ingresó en el centro penitenciario, aunque, durante la noche, volvió al Complejo Hospitalario por su delicado estado de salud. De madrugada fue llevado de nuevo a prisión y a primera hora de la mañana fue encontrado muerto.