viernes, 19 de febrero de 2016

El sistema judicial no protege a los menores que denuncian a sus padres por abusos sexuales


La asociación  Infancia Libre trabaja con madres cuyos hijos han denunciado a sus padres por abusos sexuales, como Susana y Julia, cuyo testimonio  publicó eldiario.es este jueves.
La presidenta de la asociación, María, (prefiere no dar su apellido), apunta que tanto en equipos psicosociales como en numerosos juzgados existe un prejuicio de género que considera que las mujeres que denuncian a sus exparejas por abusos sexuales lo hacen porque están resentidas.
“El sistema encargado de proteger a los menores sigue creyendo que hay manipulación de los niños por parte de sus madres a la hora de declarar sobre ese maltrato”, señala.

Pregunta: ¿Qué denuncia su asociación?

María: Nosotras lo que denunciamos es que los menores que protegemos han verbalizado cómo sus padres abusan de ellos sexualmente, cómo los maltratan y cómo el sistema que está para protegerles no les protege. Lo que hace es culpabilizar a las madres de invención por resentimiento o por celos y se olvida que esos menores han verbalizado que les han agredido y que se les está obligando a tener contacto con sus agresores.

Ustedes señalan que hay incluso partes de lesiones en algunos casos que prueban ese maltrato

Tenemos casos en los que hay partes de lesiones, partes psiquiátricos, médicos y pediátricos en los 
que aconsejan que no tengan contacto con sus agresores. Sin embargo judicialmente, y dentro del sistema judicial equipos psicosociales, consideran que la madre es una despechada, que está resentida y es una instrumentalizadora. Esto es sistemático, no es un caso aislado, es un sistema, se produce en todos los casos donde los niños verbalizan que han sufrido abusos o malos tratos. Siempre acaba siendo la madre instrumentalizadora y los niños desprotegidos.

¿Cómo afecta a esto a los niños y a las madres? 

Imagínate meter a una mujer violada y meterla en una habitación con su violador. De la misma manera. Es brutal.

Hay madres que deciden incumplir la sentencia y finalmente tienen que asumir multas o castigos 

No solo multas, es un triple castigo. Es insólito. En nuestro país no se castiga a ningún delincuente tres veces, pero a las madres que deciden incumplir para proteger a sus hijos -porque la ley contempla que tienen que protegerlos- no solo se les obliga a entregar a los niños. Se les amenaza con la retirada de la guarda y custodia, se les imputa un delito y además las multas.

¿Qué tipo de supervisión o medidas son necesarias para evitar este tipo de casos?

Creer a los menores. Ya hay suficientes estudios que avalan lo que estamos diciendo. El Consejo General del Poder Judicial en 2009 organizó un grupo de trabajo que hizo informes sobre el  síndrome de alienación parental (SAP). Aunque ya no se aplica el SAP directamente, lo que sí se hace es usar cualquier otro eufemismo. En este estudio de trabajo que duró un año ya explicaban las consecuencias tan peligrosas para estos menores de obligarles a estar con sus agresores.

En primer lugar, hay que escuchar a los niños y creerles, no pueden inventar cosas que no han vivido. Un menor no tiene por qué saber determinadas actuaciones sexuales que los adultos sí conocemos. No se les cree, no se les escucha y no se les protege. Eso es lo primero que hay que hacer: escuchar, entender lo que está explicando, creerle y protegerle.

¿Qué llamamiento hacen?

Que se conozca algo que parece que ha sido tabú durante muchos años, parece que a la sociedad no le gusta que existan abusos sexuales, intentamos girar la cara y no verlos, pero esto es real, que existe y hay muchos niños afectados. Sin embargo se prefiere creer que hay madres despechadas antes de abordar un problema grave: la existencia de muchos menores víctimas de abusos sexuales por sus padres.

Las secuelas son muy graves y es necesario que se sepa y que se les pueda proteger desde el minuto cero. Que la sociedad entienda que cuando esos niños hacen tipo de verbalizaciones, las secuelas que se les quedan son mucho mayores. Este es el llamamiento al sector judicial, social, a médicos y pediatras, a todas las personas que intervienen en su protección.

Contacto de la Asociación Infancia Libre

Teléfono: 953 59 73 50 / 630 67 57 27