domingo, 30 de julio de 2017

El sindicato CO.BAS denuncia precariedad, irregularidades y represión en los centros de protección de menores de la Comunidad de Madrid



A principios de 2017 tomamos contacto con estos recursos por medio de dos afiliadas/os al sindicato, que trabajaban como “monitoras” para la FUNDACIÓN GRUPO EDUCATIVO en un piso de adolescentes tuteladas/os. Ellas sacaron a la luz diversas irregularidades laborales sucedidas en esta empresa (convenio no adecuado, categorías por debajo de las funciones, falta de personal, etc); Por ello fueron despedidas, y ahora están inmersos en dos procesos judiciales para exigir el cumplimiento total de los derechos de las trabajadoras que esta empresa venía vulnerando, y ser readmitidas al ser un posible despido nulo con evidencias de haberse producido por ejercer la actividad sindical. Por ello realizamos una CONCENTRACIÓN, el pasado 29 de Junio en la Sede de la Dirección General de la Familia y el Menor, y solicitamos reunión con su Director Alberto San Juan Llorente y con Comisión de tutela. En ella coreamos con fuerza: “no a los despidos en Grupo Educativo”, “menores tutelados, currelas xplotados”, o “madrid tutela, la empresa a por la pela”. Las movilizaciones continuaran.

Desde CO.BAS Sector Social queremos hacer un análisis más profundo sobre estos recursos, pues nos parece que la situación laboral y general, debe ser denunciada. La situación es intolerable.


Los trabajadores/as de estos recursos, lo hacen en situaciones de grave precariedad; nos encontramos con contratos temporales, fuera del convenio, con jornadas por encima de lo permitido, incumplimiento del número de profesionales especificados en los pliegos, contratados/as en categorías inferiores a las de la titulación que se les exige y las funciones que realizan,etc. Siendo práctica habitual exigir titulaciones superiores (que presentarán a la Comunidad de Madrid por exigencias de los pliegos) y contratarles como  Educadores, Trabajadores e Integradores Sociales, como cuidadores o monitores.



Por otra parte, más de 2000 menores permanecen en centros residenciales, con medidas de tutela o guarda, ejercida por la Comunidad de Madrid; chavalas/es con situaciones de gran complejidad, algunas incluso traumáticas, que llegan a centros donde debe primarse el bienestar e interés del menor. El gobierno regional cuenta con una red de unos 90 centros, entre centros de acogida, residencias de primera infancia, residencias y hogares infantiles, centros específicos para menores con discapacidad, recursos de  adolescentes y centros específicos de salud mental para menores con trastornos de conducta o con problemas de consumo de drogas. Todo según datos de la propia Comunidad.



Estos centros, son recursos imprescindibles para velar por los derechos de los/as menores. Recursos que a todas luces tendrían que ser 100%PÚBLICOS, sin más interés que el de salvaguardar los derechos de niños y jóvenes en situaciones de desprotección.


La situación real, dista mucho de buscar favorecer esos derechos e intereses. El servicio esta casi en su totalidad privatizado, y se lleva a cabo, por diversas entidades, que en la mayoría de los casos, buscan beneficios económicos aprovechándose de las cuantiosas cantidades que la Comunidad pone a su disposición por concertar estos servicios. (reciben unos 3000€ mensuales por plaza).

Servicios (y esto es extensible a toda la red de Servicios Sociales) que si estuvieran bien estructurados y funcionaran correctamente,  generarían beneficios enormes para la sociedad. El Estado debe ponerlos en marcha, para garantizar los derechos que promulga. Sin embargo, se externalizan y privatizan, a base de contratos al mejor postor, buscando beneficios en un ámbito que no es productivo económicamente hablando; asi, la mayoría de empresas recortan gastos de donde pueden (derechos laborales, calidad de servicio, necesidades educativas, número de profesionales, etc.).
 
Si en los concursos priman la oferta más baja es evidente que la calidad del servicio se ve directamente afectada. Si no se controla que hacen las entidades adjudicatarias con el dinero invertido el despropósito puede ser enorme. Suculentas cifras de millones de euros sin priorizar la calidad de los proyectos de intervención, dejando los derechos de los trabajadores y menores en un segundo plano. Todo bajo el inexistente control por parte de la administración. No es que el servicio no sea público, es que no existen mecanismos de control (ni hay interés en que los haya), sobre en que condiciones las empresas prestan y gestionan los servicios. ¿que situaciones se podrán llegar a dar en estas entidades que desconozcamos?

Pisos con ratios de 8/10 chavales por educador/a, con necesidades muy diversas, con una  estructura de intervención externalizada y descoordinada, generando nuevas situaciones de riesgo que se suman a las que ya traían los chavales. Porque son las empresas, las que finalmente deciden y estructuran, las intervenciones y recursos que definiran esos intereses. Así, convierten estos pisos en recursos fundamentalmente asistenciales con graves dificultades para realizar intervenciones educativas reales. ¿Cómo lograr que prime el bienestar del menor con este entramado? Debemos criticar abiertamente el diseño del sistema, y el negocio montado a su alrededor. Tiene que modificarse. Devolviendo todos los recursos al sistema público, acabando con las concesiones y apostando por el trabajo integrado, dando prioridad a la intervención conjunta con las familias.


En base al interés del menor, en ocasiones, se les saca de sus entornos familiares (sin negar que ese hecho en determinados casos es necesario), y se les lleva a centros, donde por estructura se encuentran con otras situaciones de riesgo (maltrato institucional, “guetificación”, traumas asociados etc). Debemos tener una visión más amplia, y denunciar, que, algunas de las conductas que llevan a los tutelajes están relacionadas con cuestiones derivadas por la desigualdad social. Desde los menores no acompañados, que cruzan las fronteras empujados por la falta de futuro en sus países de origen, a las familias a las que se les retira la tutela por pertenecer a “entornos marginales” derivados de la falta de recursos y oportunidades laborales. Culpabilizando a familias y menores, de situaciones estructurales sucedidas por el fracaso del sistema. Deberíamos centráramos en intervenir directamente en esas situaciones. No podemos obviar que deben existir mecanismos para proteger a los menores, pero es que el entramado es ineficaz e injusto en determinados casos, generando desprotección al intentar proteger, y apenas trabajando con las familias para resolver las causas por los cuales se ha tutelado a los menores.

Empresas del sector como Fundación Grupo Educativo, Fundación O’belen, Salud Mental Consulting, Grupo Norte, Dianova etc. algunas de ellas con más que dudosas actuaciones, se rebelan como los principales gestores de los servicios sociales. Tutelando las vidas de menores que quedan a expensas de sus decisiones empresariales.

A veces, las/los profesionales nos llenamos la boca con “el interés general del menor”, pero olvidamos que la planificación de estos recursos son el principal obstáculo para defenderlos. “Vocación por ayudar”, se escucha a menudo en el sector social. Necesitamos una perspectiva colectiva en el sector que se aleje de las buenas intenciones, voluntariedades y caridades, y se vincule de forma decidida con la justicia social. Así podremos reivindicar y defender los derechos que tenemos y tienen las personas con las que trabajamos.

POR TODO ELLO, EXIGIMOS:

CONTROL A LAS ENTIDADES CONCERTADAS; BASTA DE IRREGULARIDADES; READMISIÓN DE LAS DESPEDIDAS EN GRUPO EDUCATIVO; GESTIÓN 100% PÚBLICA DE LOS RECURSOS. DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS/LOS MENORES
POR UNA PERSPECTIVA COLECTIVA Y REIVINDICATIVA EN EL SECTOR SOCIAL.