domingo, 9 de julio de 2017

Sistema de protección de menores. La lucha comienza a dar sus frutos



Durante décadas el silencio ha rodeado al sistema de protección de menores. Las únicas noticias que aparecían en los medios se referían a la gran labor solidaria realizada por las entidades sin ánimo de lucro que amorosamente cuidaban de las niñas y los niños desamparados, normalmente asociadas a las galas benéficas al estilo del Rastrillo Solidario de Nuevo Futuro (con Pilar de Borbón al frente). 


Centros de menores. Negocio y violencia institucional.


Poco a poco la salvaje realidad ha ido aflorando. Gracias a la lucha numantina de varios colectivos, primero la opinión pública conoció las barbaridades cometidas en los centros de protección “terapéuticos”, especialmente brutales en algunos centros (como los gestionados por la afortunadamente extinta Fundación O´Belen). Y poco a poco se va conociendo que en general, el sistema de protección, heredero de las instituciones tutelares franquistas, hace aguas por todas partes: alarmante institucionalización a base de centros de todo tipo, precariedad y explotación laboral entre las profesionales del sector, centros en condiciones lastimosas, metodologías pseudocientíficas, malos tratos de todo tipo y una pasmosa y negligente ineficacia a la hora de proteger a los niños (los casos de prostitución de menores en torno a los centros de protección en diversos puntos del estado son el aval más cruel de esta afirmación). Una cosa queda clara: nuestro sistema de protección de menores prima por encima de todo el lucro empresarial de las entidades sin ánimo de lucro.


En realidad, los crímenes en nombre de la protección del menor empiezan antes de llegar a los centros. En el estado español se producen retiradas de tutela totalmente arbitrarias, estando la pobreza de los progenitores detrás de la inmensa mayoría de los casos. La situación es tan grave que cada vez más voces acreditadas en la materia, como el pedagogo Enrique Martínez Reguera o la periodista Consuelo García del Cid, hablan abiertamente de expropiación de niños pobres (el robo de bebés bajo el franquismo, como otras tantas cosas, no terminó con la llegada de la democracia). Pero cada vez lo tienen más difícil: las propias familias se están organizando. La Marea Turquesa, vinculada al movimiento feminista, está poniendo negro sobre blanco la realidad de miles de familias destrozadas por decisiones administrativas (en nuestro país ni siquiera se necesita orden judicial para retirar tutelas). También están denunciando las prácticas judiciales machistas, ya que justificándose en el delirante Síndrome de Alienación Parental (refutado por instituciones científicas nacionales e internacionales, pero defendido por personajes como Javier Urra, ex Defensor del Menor y actual mercader del sector) se está amparando a maltratadores y abusadores sexuales frente a mujeres y niñas.


¡La lucha sirve!


Además, con la llegada de las fuerzas del cambio, la lucha por los derechos de la infancia y las familias ha llegado a las instituciones. Isabel Serra, diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid, está denunciando el negocio que se esconde tras el supuesto interés superior del menor. Recientemente se ha aprobado una propuesta para fomentar el acogimiento familiar frente al internamiento en centros, un gran paso adelante en Madrid. Y Mónica Oltra, desde la Generalitat, ha dado un puñetazo en la mesa, denunciando malos tratos y negligencias en el sistema, ha cerrado centros y ha planteado ir a la raíz del problema: va a cuadruplicar las plantillas de atención a la infancia y ha elaborado un plan para revertir totalmente la privatización del sector en 2020. Ese es el camino. Pero queda mucho por hacer, por lo que es fundamental que los compañeros con responsabilidades institucionales hablen directamente con las familias y con los profesionales implicados (como las compañeras de Casa de las Andorinas, de Menuts de Valencia). Y por supuesto, tienen que hablar directamente con las niñas y los niños que tutelan.


Sindicatos y trabajadores debemos exigir un servicio 100% público en interés exclusivo del bienestar del menor


No habríamos llegado a esta situación sin la vergonzosa connivencia sindical que ha caracterizado al sector de menores. Un claro ejemplo lo tenemos ahora en Valencia. Los sindicatos están movilizando a los trabajadores de los centros de menores porque, alegando impagos de la administración, las empresas están dejando de pagar las nóminas. Obvio que ante esta situación hay que movilizarse, la Generalitat no puede permitir que los trabajadores sean quienes terminen pagando los platos rotos. Pero ir de la mano de la patronal (incluso el manifiesto es conjunto), justo cuando la Generalitat plantea acabar con el negocio de los centros, es mucho más que un error táctico. Es fruto de unos dirigentes completamente entregados (basta citar a Rafael Bautista, máximo responsable del sector en la Federación de Enseñanza de CCOO, que firmó un vergonzoso convenio y que después pasó a formar parte de la negociación como representante de la patronal).

Al parecer estos responsables sindicales nada tienen que decir sobre la privatización del sector, ni parece importarles que organizaciones como las Terciarias Capuchinas (monjas que maltrataron a miles de niñas y mujeres durante los años del Patronato de la Mujer) gestionen en la actualidad centros de menores. De hecho, en los últimos años generalmente sólo hemos tenido noticias del sindicato en lo relativo a menores para negar la mayor ante cada escándalo de malos tratos en centros, haciéndole el juego a curas, constructores, banqueros y políticos profesionales, que al fin y al cabo son quienes se lucran de la explotación de la infancia marginada. Incluso CCOO llegó a quedarse sola en defensa de las prácticas de O´Belen (no es de extrañar al saber que el secretario del comité intercentros de esta nefasta empresa era Rafael Pinto, sobrinísimo del patrón, Emilio Pinto). Quienes defendemos un sindicalismo de clase y sociopolítico no vamos a permitir que en nombre de nuestras organizaciones de clase se sigan defendiendo los intereses de la patronal y amparando prácticas dignas del medievo. La lucha está servida.